El Gobierno canario, además, exige al Estado que movilice todos sus recursos para derivar menores, según ha señalado el portavoz del Ejecutivo tras el Consejo de Gobierno
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, confía en concretar este martes en su reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la financiación de los asuntos pendientes de la Agenda Canaria y las transferencias que aún espera del Gobierno central, de más de tres millones de euros.
Así lo ha indicado este lunes el portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, quien ha señalado que, en el encuentro previsto en Madrid, el presidente autonómico espera seguir avanzando en los temas vinculados a la financiación. Cabello informó de los acuerdos adoptados en Consejo de Gobierno de Canarias.
Se trata de dos grandes bloques de asuntos y el primero tiene que ver con la Agenda Canaria que, ha dicho Cabello, «no está al día» ni concretado en ningún instrumento administrativo, con deudas pendientes del Gobierno central con Canarias.
Otra parte tiene que ver «con los dineros de este año» y las transferencias pendientes tanto de capital como de otras cuestiones, como las ayudas en la isla de La Palma e infraestructuras educativas, ha señalado Cabello.
Movilizar todos los recursos para derivar menores
Por otro lado el Gobierno de Canarias ha exigido al ejecutivo español que movilice todos los recursos necesarios para proceder al traslado a la península de los menores migrantes llegados a las islas, en particular de los solicitantes de asilo, que son competencia del Estado y de los que han salido 182, mientras que están pendientes 1.164.
A este ritmo, el Gobierno de España tardaría «trece meses y dos semanas» en cumplir el auto del Tribunal Supremo, que le dio diez días para asumir a los menores en situación de protección internacional, ha denunciado Cabello.
En este Consejo de Gobierno se ha decidido reforzar los recursos humanos de la Consejería de Bienestar Social y de la Consejería de Presidencia para «acelerar la resolución en tiempo y forma» de los expedientes de los menores que han de ser trasladados a la península, tanto los que están vinculados al sistema de asilo como los que deben repartirse en otras comunidades por la contingencia migratoria declarada en Canarias tras la modificación de la Ley de Extranjería.
