El l juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha dejado en libertad provisional a la exmilitante socialista, al expresidente del SEPI y al empresario Antxon Alonso con la retirada del pasaporte
La exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso han quedado este sábado en libertad provisional con medidas cautelares.
Los tres están siendo investigados por presuntas irregularidades en adjudicaciones de contratos públicos.
Se les ha retirado el pasaporte ya que tienen la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado. Los tres han abandonado por su propio pie este sábado la Audiencia Nacional sin hacer declaraciones a los medios de comunicación que les esperaban.
Detención el pasado miércoles
Los tres fueron detenidos el pasado miércoles a petición de la Fiscalía Anticorrupción y han comparecido ante el juez Antonio Piña, que les ha impuesto diversas medidas cautelares.
Leire Díez ha salido de la Audiencia Nacional con el rostro completamente cubierto, y no ha declarado. Antxon Alonso se ha acogido a su derecho a no declarar ante el magistrado al estar la causa secreta. Por su parte, Vicente Fernández ha negado haber participado en ninguna irregularidad en contratos públicos.
Amaños en contratos públicos
La causa se centra en presuntos amaños en contratos públicos que podrían remontarse a los años 2021 y 2022. La que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha practicado esta semana una veintena de registros y requerimientos de información.
La exmilitante del PSOE se ha negado a declarar este sábado y tampoco lo hizo en sede policial al no conocer los detalles de la causa por estar secreta.
Esta es la segunda investigación que la exmilitante socialista tiene abierta, al estar también imputada por presunto cohecho y tráfico de influencias. En este caso, hay sospechas de que maniobró junto a un empresario en busca de información comprometida de fiscales y mandos de la UCO.
Según fuentes cercanas a la investigación, el único que ha declarado ha sido el expresidente de la SEPI Vicente Fernández. Respondió a todas las preguntas, entre ellas algunas sobre supuestas comisiones en las que sospechan que podría estar implicado. Él lo ha negado, al mismo tiempo que ha rechazado haber participado en el amaño de ningún contrato.
También ha sido preguntado por su papel en la empresa navarra Servinabar, implicada en el caso Koldo. Supuestamente, Fernández trabajó para ella tras dimitir en 2019 como presidente de la SEPI por un supuesto amaño del concurso de la explotación de la reserva minera de Aznalcóllar (Sevilla), en el que quedó absuelto.
Servinabar está administrada por el tercer investigado en la causa: Antxon Alonso. Los investigadores del caso Koldo lo vinculan con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Al parecer, habría comprado casi la mitad de las participaciones de esta empresa con un contrato al que el exdirigente socialista niega valor jurídico.
Registros de la UCO
La UCO ha acudido en los últimos días a pedir información a la SEPI o a Correos, y ha registrado la sede de Enusa, empresa pública dependiente de la primera y en la que Leire Díez estuvo contratada como responsable de comunicación coincidiendo con la etapa en la que Vicente Fernández presidió la SEPI (2018-2019).
En Correos, donde llegó a ser directora de Filatelia, tuvo varios cargos hasta 2023.
Esta semana los agentes también han acudido a organismos dependientes de los Ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, a Cofivacasa, perteneciente a la SEPI; así como a las empresas públicas Sepides y Mercasa. Por otro lado, han registrado un bar de Sevilla en el que se incautaron de contabilidad y dispositivos para determinar si pudo usarse para blanquear dinero presuntamente ilícito de la trama investigada.
