Mediante el Real Decreto 993/2022 que entra en vigor este lunes, España busca frenar la existencia de dispositivos electrónicos que no cumplan la normativa europea
España se convierte desde este lunes en pionera en Europa en el control de la entrada de aparatos eléctricos, electrónicos, pilas y acumuladores procedentes de terceros países, con la aplicación de un real decreto que pretende frenar la existencia de dispositivos tecnológicos que no cumplan con la regulación europea.
Mediante el Real Decreto 993/2022, que entra en vigor hoy y cuya vigilancia estará a cargo de los Servicios de Inspección (Soivre) de las Direcciones Territoriales y Provinciales de Comercio dependientes orgánicamente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de Comercio, España se convierte en el primer país en controlar la entrada de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) y pilas y acumuladores (PyAs) no producidos en la Unión Europea.
El presidente de la European Toner and Inkjet Remanufacturers Association (Etira), Javier Martínez, ha explicado que el objetivo «es claro», porque «en Europa entran productos que no cumplen con la legislación europea, normas que sí se exigen a los fabricantes de Estados miembros» de la UE.
Productos procedentes de Asia
Martínez se ha referido principalmente a los productos que llegan de Asia, «mucho más baratos, pero de peor calidad», y que en el caso, por ejemplo de impresoras y cartuchos «no cumplen con la directiva de marcaje de plásticos, incumplen la Directiva 2011765 sobre restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas (RHOS), el Reglamento relativo a los productos químicos y a su uso seguro (Reach) (CE 1907/2006)», entre otras normas europeas.
En el artículo 2 del real decreto se recoge que el ámbito de aplicación será, sobre todo, en lo relativo a la utilización de determinadas sustancias peligrosas.
Entre los materiales con los que están fabricados estos dispositivos tecnológicos están el cadmio, el mercurio el cromo hexavalente, polibromofenilos (PBB) y polibromodifeniléteres (PBDE), que si no reciben un tratamiento adecuado en los sistemas de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), pueden constituir un riesgo tanto para la salud de las personas como del medio ambiente, contaminando el suelo, el agua o el aire.
Según Martínez, muchos de los elementos utilizados en los procesos de fabricación de los consumibles de impresoras, por ejemplo, «pueden resultar muy contaminantes e inflamables», de ahí, ha subrayado, «es necesario incrementar la vigilancia para productos que vienen de países terceros», es decir de fuera de la UE.
Prevención de consecuencias
En ese sentido, se señala en el real decreto que «con el fin de prevenir las consecuencias para el ambiente que tienen los productos importados que no quedan cubiertas por las obligaciones de la responsabilidad ampliada del productor recogida en la legislación vigente, se reforzará el control del cumplimiento por parte de los importadores, de las obligaciones de inscripción en el Registro Integrado Industrial, tanto en el caso de aparatos eléctricos y electrónicos como de pilas y acumuladores».
Porque, según el presidente de Etira, «los fabricantes de terceros países no están obligados a registrarse ni al pago del impuesto por la generación de residuos, como sí lo están los europeos».
«Este mega-proyecto tiene muchas vertientes» ha explicado María Belén Alonso Romero, Coordinadora Nacional de Normalización, Certificación y Evaluación de la Conformidad de la Subdirección General de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica de Comercio Exterior, en la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (Mincotur).
Importancia para el medio ambiente
«Añadido a la importancia real del control y su objeto, a la importancia de eliminar a los ‘free riders’ -que no pagan su factura de reciclado-, la importancia para el medio ambiente, se une que las herramientas de gestión son pioneras en Europa», porque se pone en marcha «la primera ventanilla única aduanera (VUA) de España y de la UE (el PUE ROHS), esperada desde hace años en las gestiones en fronteras, que va a agilizar y automatizar mucho los trámites».
«En este proyecto hemos trabajado equipos de la Agencia Tributaria (AEAT) y de Mincotur desde hace varios años. Así que estamos de novedad por partida doble», según Alonso Romero.
Además, de acuerdo a nuevas normas europeas, según Martínez, los productos que entren en Europa tendrán que tener la figura de un «operador económico, que exige que en todos los productos figure una dirección física de una empresa radicada en suelo europeo, tanto para productos en venta, como los que se anuncian en una plataforma».
Esto, según Martínez, protegerá al consumidor, que debe tener un punto al que poder referirse y a las autoridades de supervisión del mercado para comprobar que se cumple con la regulación Reach de la Agencia Química Europea (ECHA).
