El Gobierno canario gestiona con la Fiscalía, la Policía, Sanidad y el Instituto de Medicina Legal una reordenación de las 2.016 pruebas de edad que aún están pendientes de hacer para determinar la edad de otros tantos inmigrantes que aseguran ser menores, para dar prioridad absoluta a 300 casos en los que sospecha que superan los 25 años.

En estos momentos, el Gobierno de Canarias tutela a 2.652 inmigrantes llegados en patera en los últimos meses que aseguran ser menores, de los que en realidad ignora su edad en tres de cada cuatro casos; en concreto, en 2.016, 1.575 en la provincia de Las Palmas y 395 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

La directora general de Protección a la Infancia de la comunidad autónoma, Iratxe Serrano, ha explicado a Efe que el retraso se acumula sobre todo en Gran Canaria y Fuerteventura, las islas que más llegada de pateras han soportado en los últimos meses, y está provocando problemas graves en los centros de acogida de menores.

Y ello, porque la comunidad autónoma está convencida de que entre esos 2.016 casos aún por examinar hay 600 adultos: unos 300 en los que admite que caben dudas razonables de que puedan estar en el filo de los 18 años, pero también otros 300 en los que considera que hay «signos físicos evidentes» de que se trata de individuos que tienen «más de 25 años y, a veces, más de 30 e, incluso, más de 40».

Estos 300 presuntos adultos que se camuflan como menores para evitar una deportación, asegura Serrano, están protagonizando «el 95 por ciento» de los incidentes y altercados que se están produciendo en los centros de menores y son una mala influencia para los verdaderos niños, porque no se someten a ninguna norma.

«Nuestros centros y las ONG que los gestionan están preparados para tratar con niños. Su profesionales con muy competentes, pero no pueden lidiar con tíos que peinan canas de una forma evidente», asegura Serrado, que confiesa que en su departamento están «desesperados» con este problema, para el que urgen una solución.

El atasco está básicamente en la isla de Gran Canaria, donde se han sumado tres factores que hacen que algunas pruebas estén pendientes de realizar desde hace casi un año: un volumen de llegadas de inmigrantes enorme, las dificultades que introduce la pandemia de covid y el largo engranaje burocrático y administrativo que está detrás de una prueba ósea de determinación de la edad.

Cuando se sospecha de que un inmigrante que dice ser menor tiene más de 18 años, es la Fiscalía de Extranjería la que tiene que ordenar que se realice las pruebas óseas (una radiografía de muñeca y una otropantomografía dental), lo pone en marcha esta secuencia: la Policía pide cita a la sanidad pública, lleva al solicitante al centro sanitario, recoge sus resultados, los custodia y se los entrega al Instituto de Medicina Legal, cuyos forenses vuelvan a examinar al presunto menor y dan el dictamen final de la edad.

En Santa Cruz de Tenerife, ese engranaje está funcionando y las pruebas se hacen en un máximo de tres o cuatro semanas, de forma que allí solo hay 395 casos pendientes. En Las Palmas, los cuellos de botella están en el proceso previo a que intervengan los forenses.

La Dirección General de Protección a la Infancia intentó desatascarlo pidiendo autorización a la Fiscalía para contratar a clínicas privadas que realizaran las pruebas óseas, lo que le fue autorizado. Sin embargo, finalmente no recurrirá a esa medida.

Según Iratxe Serrano, al final se ha descartado externalizar ese servicio porque el Servicio Canario de la Salud le ha garantizado que podrán hacer en Las Palmas unas 100 pruebas semanales, para comenzar a reducir la larga lista de expedientes de edad pendientes.

Con el mismo propósito, se van a tomar otras dos medidas: excepcionalmente, se va a permitir que sean las ONG que gestionan los centros las que lleven al menor o presunto menor a hacerse las pruebas, si bien los resultados siempre serán entregados a la Policía, para garantizar la cadena de custodia.

La segunda vía para atajar la situación será dar prioridad a los expedientes en los que hay serias dudas de que sus protagonistas son adultos, postergando aquellos en los que resulta evidente que atañen a niños.

No obstante, precisa Serrano, a todo menor habrá que realizarle la prueba de edad si no existen documentos que lo identifiquen de forma fehaciente, incluso si es un niño pequeño, porque su edad es un dato básico para numerosas facetas de su vida: la escolarización, la asistencia sanitaria o, simplemente, para determinar en que momento se ha convertido legalmente ya en un adulto