La dirección de asociación Plena Inclusión afirma que esta situación puede llevar a la quiebra técnica a las asociaciones de familiares de personas con discapacidad intelectual
Plena Inclusión Canarias, que gestiona unas dos mil plazas que ofrecen servicios para la atención de personas con discapacidad intelectual en las islas, ha advertido este miércoles que corren el riesgo de recortar estas prestaciones, e incluso de cerrarlas, si el Gobierno canario no les dota del presupuesto necesario para ofrecer esta asistencia.
La presidenta de Plena Inclusión Canarias, Carmen Luacirica, y la gerente de la sociedad, Natalia Cañeque, han exigido una reunión con el presidente canario Fernando Clavijo, la consejera de Hacienda, Matilde Asián, y la de Bienestar Social, Candelaria Delgado, paralograr un compromiso del Gobierno y que en los presupuestos autonómicos de 2025 donde se incluya un incremento para los servicios que ofrecen.
Laucirica ha destacado que la situación es «crítica» e «insostenible» y llevará a la quiebra técnica a las asociaciones de padres y familiares de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, ya que están aportando dinero que le corresponde al Gobierno de Canarias para que puedan funcionar, cuando se trata de plazas públicas, ha recordado.
Plena Inclusión reclama un incremento del 30% para mantener sus servicios
Desde hace más de un año y medio han trasladado a la Consejería de Bienestar Social sus demandas y aún desconocen la partida que se les destinará en los presupuestos del próximo año, en los que se debe actualizar la cartera de servicios que prestan para financiar el coste real que supone, ha subrayado.
El incremento debe ser de un 30 %, en el caso de las plazas para hogar funcional y para transporte; del 20 % para los recursos alojativos y centros de día; y de un 10 % para el resto de recursos. A cada una de esas subidas hay que añadirles un 9,98 % de aumento salarial que se incluye en el convenio colectivo.
Esta subida que demandan, además, debe ser anual para poder acercarse al coste real de los servicios, ha destacado la presidenta de Plena Inclusión Canarias, que representa a 28 entidades comprometidas con el apoyo a más de 4.500 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en el archipiélago.
El Gobierno de Canarias mantiene una «deuda histórica» con estas entidades, si bien son conscientes de que no se puede atender en un año, por lo que quieren llegar a un acuerdo para establecer el modo de saldarla.
El Gobierno de Canarias no ha actualizado el coste de 2023
Ha destacado que el Gobierno de Canarias aún no ha actualizado el coste correspondiente a 2023 y que a principios de 2024 han cobrado los originados por el incremento de coste en 2022.
Laucirica ha incidido también en que se trata de derechos de estas personas que se han reconocido en el catálogo de servicios sociales de Canarias. Así mismo, ha subrayado que el propio Clavijo, en la anterior legislatura que presidió, reconoció que estos servicios estaban infrafinanciados.
Como ejemplo del desfase económico que existe en los servicios que prestan, han indicado que por el transporte reciben 7 euros al día por persona, cuando el coste real es de 16, que en las residencias de alto riesgo, esa diferencia es del 100 %, y que en las viviendas tuteladas es del 24 %.
