La vicepresidenta Nadia Calviño ha destacado, después del Consejo de Ministros, que la banca tiene una semana para cerrar con el Ejecutivo un acuerdo sobre las medidas para aliviar los efectos de la subida del Euríbor en familias vulnerables
El Gobierno y las patronales bancarias se han dado de plazo hasta finales de semana para alcanzar un acuerdo sobre la batería de medidas que quieren consensuar para ayudar a las familias a afrontar el encarecimiento de sus hipotecas por la subida del euríbor.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha asegurado que el Ejecutivo y las asociaciones bancarias están trabajando intensamente «con reuniones diarias» para que estas medidas puedan estar ya en vigor el próximo 1 de enero.
Para conseguirlo, según explican a EFE fuentes próximas al Ejecutivo, es importante que las medidas se acuerden cuanto antes, «si es posible esta misma semana con el objetivo de que se aprueben en el Consejo de Ministros del próximo martes«, 22 de noviembre.
Sin embargo, el principal escollo sigue siendo definir qué tipo de familias pueden optar a ellas y que la banca insiste en que tienen que ser soluciones «temporales, para resolver un problema coyuntural, derivado de la subida de los tipos y la inflación«.
Dos líneas de actuación
En cuanto al contenido de las medidas, Calviño ha querido aclarar que están trabajando en dos líneas de actuación: ampliar el funcionamiento del actual Código de Buenas Prácticas y establecer un protocolo adicional para familias «de clase media que se puedan ver en riesgo por la subida de los tipos de interés».
La banca defiende que el Código de Buenas Prácticas, diseñado para ayudar a los más vulnerables, ha funcionado bien y es ahora cuando requiere de algunos cambios para ampliar su alcance, entre ellos la posibilidad de que puedan acogerse a él algunos hipotecados, aunque sigan conservando SU puesto de trabajo.
Y, salvo cambios de última hora en la negociación, la principal condición para acogerse a ese nuevo Código de Buenas Prácticas será que los ingresos del domicilio no superen los 24.318 euros al año, una cifra de ingresos netos que equivale a tres veces el IPREM, el indicador público de renta de efectos múltiples en 14 pagas.
Familias de clase media
Para las familias con ingresos superiores, «de clase media», se trabaja en un protocolo adicional que alivie la situación a la que se van a enfrentar por la subida del euríbor, como ha explicado Calviño.
En estos casos, las opciones que están encima de la mesa se resumen en que los bancos congelen las cuotas durante un año, permitan alargar el plazo de las hipotecas si se encarecen más de un 30 % y consumen al menos el 40% de los ingresos de la familia, además de facilitar el cambio a préstamos a tipo fijo.
Al alargar el plazo del préstamo, la carga financiera se ve inmediatamente reducida, una medida de alivio que, según fuentes próximas a las negociaciones, se aplicaría sobre hipotecas a tipo variable firmadas a partir de 2012 para una primera vivienda.
Cambio de hipoteca
Respecto al cambio de una hipoteca variable a una fija, hay tres formas de hacerlo: una novación o cambio de las condiciones, una subrogación o traspaso a otra entidad, y una nueva hipoteca.
En el primer caso, el cliente recurre a su banco para cambiar las condiciones del préstamo y, si le convence la oferta, tendrá que estudiarla y formalizarla ante notario. Además, tendrá que pagar una comisión a la entidad basándose en el importe pendiente de pago.
El principal escollo en este caso es que la oferta nueva se ha endurecido, pero está por ver si el Gobierno y la banca acuerdan un tipo máximo para ayudar a las familias más ahogadas por el alza del euríbor, que haga esta opción más atractiva que la de la subrogación o traspaso de la hipoteca a otro banco.
Traslado de préstamo
Por muy atractivo que pueda parecer trasladar el préstamo de una a otra entidad, los gastos asociados a la subrogación suelen ser superiores a la novación. La ley hipotecaria estableció que el nuevo banco se hace cargo de pagar al notario -entre el 0,2 y el 0,5 % del importe pendiente del préstamo subrogado- más los aranceles del registro y los honorarios de la gestoría.
No obstante, salvo que el Gobierno y la banca acuerden una excepción, el cliente tendrá que asumir la tasación del inmueble hipotecado y, lo que posiblemente sea más oneroso, la comisión por subrogación que de estar recogida en su hipoteca le querrá cobrar el banco del que se va.
Esta puede ser la factura más importante. Su coste está regulado por ley desde junio 2019 y cuando se trata de una hipoteca a interés variable firmada a partir de entonces será del 0,25 % los tres primeros años o del 0,15 % es en los cinco primeros años.
Al ser preguntada por cómo podrían afectar estas medidas a los bancos, Calviño ha señalado que solo hay que ver «los miles de millones de euros de beneficios» anunciados recientemente por el sector para darse cuenta de que «hay que arrimar el hombro y ayudar» a las familias que se vean más perjudicadas.
