Los nueves acusados atracaron un total de seis establecimientos de apuestas entre julio y agosto de 2023
Nueve acusados de formar un grupo criminal para asaltar casinos y salones de juego repartidos por la geografía de Gran Canaria se enfrentarán a penas de hasta diez años de prisión en un juicio fijado para el próximo martes 18 de noviembre en la Audiencia de Las Palmas.
Un total de seis establecimientos de apuestas ubicados tanto al sureste como al norte de la isla, desde Arinaga, en Agüimes, o Vecindario, en Santa Lucía de Tirajana, hasta Arucas o La Atalaya de Guía, fueron atracados presuntamente por los miembros de dicha banda entre el 31 de julio y el 16 de agosto de 2023.
A los procesados, la Fiscalía les imputa delitos de robo con violencia, pertenencia a grupo criminal y contra la seguridad vial.
Intimidación de empleados y clientes
En su escrito de cargos, relata que, blandiendo un cuchillo de grandes dimensiones, una navaja o una barra de hierro para intimidar a los empleados y clientes de los locales, según las ocasiones, y ocultando sus rostros, generalmente con pasamontañas, llegaron a sustraer cantidades de 10.000 y hasta 17.104 euros en un solo asalto.
Para ello, vigilaban durante horas los salones aguardando el momento más propicio, ya de noche y cuando estimaban que la recaudación de la jornada era considerable, procediendo luego a entrar en sus instalaciones y obligando en algún caso a que les abrieran la caja fuerte para obtener mayor beneficio.
Y lo hacían además, a fin de dificultar su identificación, usando vehículos nuevos de empresas de alquiler de coches, algunos de alta gama, que contrataban a nombre de terceros que se prestaban a ayudarles a cambio de algo de dinero o de una dosis de droga, relata la Fiscalía.
El grupo actuaba de forma organizada
Detalla que «el grupo actuaba de forma organizada» y con un «orden jerárquico», pues había dos cabecillas que buscaban colaboradores, decidían el reparto de las ganancias y organizaban las acciones, quedando siempre alguien en el vehículo usado para robar mientras se cometía el atraco, a fin de ejercer labores de vigilancia y facilitar la huida del lugar una vez conseguido el dinero.
Al tiempo que, al contratarlos a nombre de otras personas, eludían responsabilidad alguna en relación a los vehículos que alquilaban, que no devolvían luego a las compañías de las que eran propiedad, dejándolos abandonados o en paradero desconocido.
El Ministerio Fiscal pide siete años y medio prisión por cada acusación de robo con violencia, de 2 años de prisión por las de pertenencia a grupo criminal y de 6 meses de prisión por la conducción sin permiso reglamentario.
