De no acoger a los menores migrantes, la Fiscalía advierte al Gobierno de Canarias de que podría incurrir en un delito
La Fiscalía identificará a aquellas «personas de la Dirección General de Protección de la Infancia del Gobierno de Canarias» que se amparen para no acoger en sus centros a menores migrantes. Todo ello después de que Canarias aprobara un nuevo protocolo. La fiscalía también investigará si han cometido un delito de abandono de menores migrantes o de otro tipo.
En un decreto difundido este viernes, la fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, dio instrucciones a los fiscales de las islas. Dichas instrucciones se refieren a cómo actuar si cualquier cuerpo de seguridad del Estado recibe «la negativa de la Dirección General de Protección de la Infancia» a la acogida de un menor inmigrante en un centro de Canarias cuando este haya sido «debidamente reseñado» conforme al protocolo nacional de 2014.
El Gobierno canario publicó este jueves en el Boletín Oficial de Canarias un protocolo que detalla cómo pretende actuar a partir de ahora ante el «desorden» que cree que genera el hecho de que la Policía entregue a los niños llegados en patera directamente a los centros sin una identificación detallada y sin cumplir los trámite pautados, poniendo en riesgo sus derechos, a su juicio.
Un protocolo novedoso para ayudar en la gestión del problema migratorio
El protocolo exige que el menor llegue perfectamente filiado e identificado, que se le haya escuchado y entrevistado para saber si es candidato a refugio o asilo. Además el Estado de tramitar cada expediente individualmente y que la Fiscalía intervenga si hay dudas sobre su edad. Todo ello, antes de trasladarlo a un centro de la comunidad autónoma, siempre y cuando esta confirme que tiene plazas.
«No puede ser que el Estado nos deje a los niños con un albarán de entrega», resumió la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado (CC), responsable de Menores, el 3 de septiembre. Delgado realizó estas declaraciones un día después de que el presidente Clavijo anunciara que consideraría que los niños recién llegados en cayuco son responsabilidad del Estado, no de Canarias. Clavijo expresó esto último en vista de que no le dan una respuesta a la saturación que soportan los centros en las islas.
La Fiscalía y el Ministerio Público entienden que el protocolo aprobado en 2014 es el marco de referencia para determinar si el menor fue entregado correctamente a la autoridad responsable de su tutela. Un protocolo aprobado, durante el gobierno de Rajoy, por los Ministerios de Justicia, Interior, Servicios Sociales y Exteriores y por la propia Fiscalía General del Estado.
Si un centro no acepta al menor no acompañado se avisará a la Dirección General de Protección de la Infancia
Si el fiscal de guardia en cada isla recibe el aviso de la Policía de que un centro canario no acepta a un menor sin compañía de ningún familiar, librará un oficio a la Dirección General de Protección de la Infancia. Con ese aviso procurará «interesar que se adopten medidas» para que sea acogido «inmediatamente» en el centro de protección que considere.
Además, dará instrucciones a la Policía para que le proporcione comida y alojamiento «hasta que el niño sea recogido por la Dirección General». También puede indicar el centro donde deba ser ingresado, o bien, con arreglo al protocolo publicado, sea entregado a la Policía Autonómica Canaria. En cuyo caso se deberá controlar el tiempo de permanencia de dicho menor en las dependencias policiales».
La fiscal superior de Canarias ordena que se pida a la Policía un informe detallado sobre las circunstancias personales de ese menor. Sobre su estado de salud y sobre lo ocurrido en su travesía hasta llegar a Canarias. Además se podrán aportar detalles sobre cuántos días estuvo en el mar o sobre si murió alguno de sus compañeros.
Los fiscales especializados en Extranjería o Trata de Personas «deberán incoar las correspondientes diligencias preprocesales de investigación sobre el asunto de los menores migrantes
Además, el fiscal de guardia «identificara en detalle a las personas de la Dirección General de Protección de la Infancia que no responden a las llamadas. O si les contenten que no tienen capacidad de acogida para dichos menores. O bien que no se van a hacer cargo de los mismos con base en el protocolo publicado el 12 de septiembre en el Boletín Oficial de Canarias».
La finalidad de todo ello es que después los fiscales especializados en Extranjería o Trata de Personas «deberán incoar las correspondientes diligencias preprocesales de investigación ante la posible comisión de un delito de abandono de menores. Todo ello, sin perjuicio de cualquier otro delito que pudiera aparecer en el curso de la investigación».
