Canarias depende de infraestructuras de fuera de las Islas para la eliminación de este residuo peligroso y Andalucía, uno de los principales destinos, ha prohibido que sus vertederos importen restos de ese material de otras comunidades autónomas
La Federación Provincial de la PYME del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas (Femepa) ha alertado este martes de que la gestión de un residuo peligroso como es el amianto puede quedar bloqueada en Canarias desde marzo, con las consecuencias que ello tendría para varios sectores económicos y para la protección de la salud pública.
En un comunicado, Femepa explica que Andalucía, la comunidad a la que se transportaba para su gestión la mayor parte del amianto retirado en Canarias, ha prohibido por ley que sus vertederos importen restos de ese material de otras comunidades autónomas y en marzo de este año vencen las últimas autorizaciones aprobadas.
Los empresarios del Metal subrayan que, al no haber infraestructuras de tratamiento del amianto en Canarias, la situación puede afectar a todo tipo de proyectos, desde la retirada de viejas tuberías de saneamiento fabricadas con fibrocemento, hasta obras en centros sanitarios y educativos y edificios públicos, o la sustitución de cubiertas de uralita susceptibles de albergar placas solares.
«La retirada segura del amianto es una obligación legal y sanitaria. Si se cierran las vías de eliminación sin ofrecer alternativas específicas para territorios como Canarias, se pone en riesgo el cumplimiento de la normativa, la seguridad de las personas y la continuidad de proyectos estratégicos», asegura Femepa.
Otras comunidades
Esta patronal advierte además de que otras comunidades autónomas están tramitando normas para los residuos peligrosos similares a la aprobada en Andalucía, lo que agravaría el problema que afronta Canarias.
Por ello, insta al Gobierno de Canarias, a los cabildos y a las entidades públicas o privadas vinculadas a la gestión del agua y las infraestructuras a «activar una respuesta coordinada y urgente».
Pide, en concreto, que «el Gobierno de Canarias lidere una negociación inmediata con otras comunidades autónomas, especialmente Andalucía», y se defienda «la excepcionalidad» de Canarias en los órganos interterritoriales de residuos y que impulse «soluciones estructurales y estables, ya sea mediante acuerdos externos específicos o mediante el desarrollo de capacidades propias, siempre bajo criterios de seguridad y sostenibilidad».
