La decisión sin precedentes del Tribunal Constitucional provoca la » preocupación» de los presidentes del Senado y del Congreso por intervenir en el poder legislativo
La Mesa del Senado ha decidido continuar con la tramitación de la proposición de ley que deroga la sedición y rebaja las penas por malversación tras eliminar las reformas introducidas para renovar el Constitucional, cuya tramitación ha sido suspendida por ese mismo tribunal.
El órgano de gobierno de la Cámara Alta ha acordado asimismo en una reunión extraordinaria personarse en el procedimiento abierto en el Tribunal Constitucional a raíz el recurso de amparo interpuesto por el PP contra las reformas judiciales.
La decisión no ha sido unánime
La decisión no ha sido unánime, ya que, según fuentes parlamentarias, el PP ha discrepado de la fórmula elegida por la Mesa para acatar la resolución del Supremo.
La Mesa, presidida por el socialista Ander Gil, está compuesta por tres senadores del PSOE, tres del PP y uno del PNV.
Tras esta decisión comenzará el debate de la proposición de ley amputada en la Comisión de Justicia, con el fin de que llegue al pleno el jueves
El Congreso y el Senado recibieron anoche un escrito firmado por el presidente del Constitucional, Pedro José González-Trevijano, en el que se le comunicaba la parte dispositiva del auto acordado tras el recurso de amparo presentado por el PP, que pidió como medida cautelarísima frenar los cambios en Las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Constitucional.
Esa reforma ya fue aprobada por el Congreso y estaba previsto que esta semana recibiera la luz verde del Senado, primero en una Comisión de Justicia, prevista para las 9.00 horas, y después en un pleno, el jueves.
Decisión sin precedentes
Tras la decisión sin precedentes del tribunal de garantías, adoptada con respaldo de los seis magistrados del sector conservador frente a los cinco del progresista, esas dos reformas no se tramitarán y los senadores solo podrán debatir y votar la del Código Penal para convertir la sedición en un delito agravado de desórdenes públicos y rebajar las penas por el delito de malversación.
Los presidentes del Congreso y del Senado mostraron anoche su preocupación por la decisión del Constitucional de intervenir en el poder legislativo y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, consideró que era de «una gravedad máxima» al afectar a los fundamentos de la separación de poderes.
