La oferta de empleo público para este año, en línea con la del pasado año, tiene como principal objetivo la digitalización de la Administración del Estado
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la oferta de empleo público (OEP) de 2026 para la Administración General del Estado (AGE), que contará con 27.232 plazas, en línea con la del año pasado y con el objetivo principal de digitalizar la Administración.
Según ha destacado el ministro para la Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la prioridad de la oferta es aumentar en un 25 % los procedimientos administrativos digitales.
Función Pública ha detallado que serán 26.886 nuevas plazas para la AGE (20.541 correspondientes al turno libre y 6.345 para promoción interna), a las que se añaden 346 plazas de la OEP extraordinaria para dar respuesta a la emergencia climática.
Contando las plazas ya anunciadas para Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas, la OEP 2026 supera las 37.000 plazas, un número ligeramente superior al del año pasado.
Captar especialistas en IA, Ciberseguridad y datos
Uno de los principales cambios es el impulso a la captación de talento especializado en tecnologías de la información. En concreto, se convocarán 1.700 plazas para especialistas TIC, lo que supone un incremento del 42% respecto a la oferta anterior. Además, por primera vez se establecerán pruebas de acceso por especialidades dentro del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información, con el objetivo de atraer perfiles en inteligencia artificial, ciberseguridad y ciencia de datos.
Este enfoque responde a la necesidad de transformar la Administración más allá de la simple reposición de efectivos, apostando por una estructura más eficiente, digitalizada y alineada con las demandas de la ciudadanía. Actualmente, España ya destaca en el uso de servicios digitales públicos, con un 83% de ciudadanos que utilizan webs o aplicaciones oficiales, superando la media europea. Asimismo, el país se sitúa siete puntos por encima del promedio europeo en digitalización administrativa. Sin embargo, el Gobierno pretende avanzar aún más, con el objetivo de incrementar en un 25% los procedimientos administrativos digitales.
Para reforzar esta transformación, se creará una alianza por el talento STEM, destinada a mejorar la competitividad del empleo público y garantizar la cobertura de vacantes. También se incorporarán módulos obligatorios de inteligencia artificial y herramientas de datos en los procesos formativos, con el fin de mejorar las competencias digitales de los empleados públicos.
Priorización de áreas estratégicas
En términos globales, la OEP de 2026 contempla 26.886 plazas para la Administración General del Estado, a las que se suman otras 346 correspondientes a una oferta extraordinaria vinculada a la emergencia climática. En conjunto, se generarán 6.200 empleos netos. Si se añaden las plazas previstas para fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, el total supera las 37.000, ligeramente por encima del año anterior. Estas ofertas han contribuido en los últimos años a rejuvenecer la plantilla pública y generar empleo neto.
Otra novedad relevante es el cambio de enfoque en la planificación de recursos humanos, que deja atrás el modelo tradicional basado en la reposición de bajas para priorizar áreas estratégicas. Entre ellas destacan la transición ecológica, la lucha contra el cambio climático y la prevención de emergencias, con 852 plazas específicas. También se incluyen 601 plazas para mejorar infraestructuras, 400 para reforzar la actividad económica y 1.589 destinadas a seguridad y defensa.
En el ámbito de los servicios públicos, se refuerza la red de oficinas de atención a la ciudadanía y se impulsa la sanidad pública, duplicando las plazas en hospitales y centros de salud. Asimismo, se fortalece el sistema educativo con nuevas plazas docentes.
Por último, se introducen medidas para mejorar la cobertura de plazas, como diagnósticos obligatorios en procesos con baja ocupación, agilización de las pruebas y descentralización de las sedes. También se garantiza el cupo del 10% para personas con discapacidad, promoviendo una administración más inclusiva.
