Así lo recoge la proposición de ley presentada por el grupo socialista y Unidas Podemos, donde la sedición pasa a llamarse «desórdenes públicos agravados»
La proposición de ley del grupo socialista y Unidas Podemos presentada este viernes en el Congreso rebajar de 15 a cinco años la pena máxima de prisión del delito de sedición, que desaparece y pasa a denominarse «desórdenes públicos agravados», con un máximo de ocho años de inhabilitación.
En rueda de prensa en el Congreso antes de registrar la iniciativa, el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha recalcado que la reforma persigue modificar un delito de sedición que tenía 200 años y ha preferido hablar de «europeizar» en vez de suprimir su contenido.
Según sus palabras, es una reforma «de sentido común» que «ayudará» a los jueces, entre quienes se abrió «un enorme debate jurídico» sobre los tipos que había que aplicar a los líderes independentistas catalanes, y con la que se mejorará la cooperación judicial internacional ya que con un delito homologable al de otros países europeos «no volverá a haber santuarios» para quienes atenten contra el orden público.
Ha hecho así alusión a las fallidas órdenes de extradición emitidas por la Justicia española para poder juzgar a los dirigentes independentistas huidos. Y ha dejado claro que si el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, regresa a España «será juzgado».
Reforma del Código Penal
Según la propuesta de reforma del Código Penal anunciada por López, cometerán un delito de desórdenes públicos agravado, con pena de tres a cinco años de prisión e inhabilitación para empleo o cargo público, quienes con violencia e intimidación o en el seno de una multitud alteren el orden público e impidan la aplicación de leyes o resoluciones judiciales.
Si el delito lo cometen autoridades, la pena de inhabilitación absoluta alcanzará los ocho años.
Patxi López ha insistido en el objetivo de corregir tipos penales que son «inexistentes en la mayoría de los países de la Unión Europea así como penas desproporcionadas en relación a las que se aplican en los países vecinos y que generan disfunciones a la hora de cooperar judicialmente».
Se aprovecha también la proposición de ley para trasponer directivas comunitarias y realizar otras reformas, resolver «déficits y lagunas» que existen en el Código Penal en el área de los delitos económicos y el uso de herramientas informáticas, la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago, el abuso de mercado o las atribuciones de las autoridades de la competencia.
Dentro de los delitos contra la integridad moral se introducirá también una modalidad delictiva específica para la ocultación del cadáver y también para el contrabando con material de defensa o tecnología de doble uso.
