La declaración final de las RUP piden cada vez que sea necesario, adaptar las políticas comunes a las singularidades de estos territorios
La regiones ultraperiféricas (RUP) de Francia, Portugal y España han aprovechado la oportunidad que supone para ellas celebrar esta vez en Bruselas su reunión anual para reclamar a la Unión Europea que pase de las palabras a los hechos en el apoyo que ofrece a sus economías, en particular en el futuro de la «fiscalidad verde», porque temen que termine por «aislarlas».
«Más allá de las palabras, solo los actos cuentan para las poblaciones de las RUP. Para ser eficaz, toda respuesta a los desafíos de la ultraperiferia requiere de una mayor flexibilidad a través de un enfoque ‘con las regiones y para las regiones'».
Así concluye la declaración que han aprobado este martes en el Parlamento Europeo los presidentes de Guayana Francesa, Guadalupe, Martinica, Mayotte, Reunión, San Martín (Francia), Azores, Madeira (Portugal) y Canarias (España), en una sesión en la que han examinado cómo salen estos nueve territorios de la grave crisis económica y social que generó la pandemia de la COVID-19 y cómo encaran los nuevos desequilibrios que provocan la inflación y la guerra de Ucrania.
«Las medidas excepcionales adoptadas (en la pandemia) han permitido atenuar los efectos, pero no recuperar en las RUP sus ya preocupantes niveles socioeconómicos previos a la crisis», advierten estos territorios, que ven como «las múltiples crisis que golpean a Europa» les alejan de la recuperación y frenan su convergencia.
Adaptar las política a las singularidades de las RUP
Por eso, a lo largo de su declaración las nueve regiones reclaman de forma repetida que la UE aplique cada vez que sea necesario el artículo 349 de su Tratado de Funcionamiento, que exige que las políticas comunes de los Veintisiete se adapten a las singulares características de estos territorios alejados del continente.
Demandan así que se las tenga en cuenta en los tratados comerciales que firma la UE, de forma que se examine cómo impactan en sus economías y, en particular, exigen que se les conceda un marco especial dentro del paquete «Fit for 55», las políticas que van a implantar los Veintisiete para cumplir sus compromisos ambientales.
Al respecto, alertan de que algunas medidas de ese paquete, como la nueva fiscalidad al combustible de los aviones o de los barcos de larga distancia, puede «aislarlas aún más», porque estas nueve regiones dependen del transporte aéreo y marítimo para cualquier conexión con sus respectivos estados: Francia, Portugal y España.
«Los efectos de dicho paquete legislativo sobre el transporte aéreo y marítimo amenazan con agravar los costes y perturbar el flujo de transportes de pasajeros y mercancías con efectos muy graves en la población», asegura la declaración de las RUP.
Excepción de la fiscalidad verde
El presidente canario, Ángel Víctor Torres, ha recordado que ya se ha conseguido un compromiso de la Comisión Europea de que las RUP estarán exceptuadas de la nueva fiscalidad verde al transporte aéreo y marítimo hasta 2030 en sus transportes internos y en las conexiones con el resto del país al que pertenece cada región.
«Hay que estar vigilantes», ha señalado Torres, que ha remarcado que las RUP aspiran a que esa excepción se extienda a los vuelos internacionales y no sea temporal, sino estable, porque estas regiones tienen un compromiso con la sostenibilidad «incuestionable», pero dependen al 100 % del transporte aéreo y marítimo.
En la misma línea se ha expresado el presidente de Azores, José Bolieiro, quien ha pedido que se aproveche de lo aprendido durante la crisis de la COVID-19 y que los compromisos del paquete «Fit for 55» no pongan en riesgo todo lo ya conseguido por las RUP en el pasado para intentar acelerar su convergencia con el resto de Europa.
Por último, las nueve regiones solicitan más presupuesto para el POSEI (el programa específico de apoyo a sus sectores agrícola y ganadero) y expresan su «profundo desacuerdo» con cómo está planteando la Comisión Europea cuestiones como la renovación de la flota pesquera, a la que creen fundamental apoyar para «asegurar el crecimiento económico y la soberanía alimentaria».
