Manuel Miranda, consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas insiste en la necesidad de firmar un nuevo convenio con el gobierno central
El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, ha insistido este jueves en comisión parlamentaria en que es preciso firmar un nuevo convenio de obras hidráulicas con el ejecutivo central.
A preguntas de la diputada del grupo Socialista Nayra Alemán, el consejero ha reiterado que es preciso firmar un nuevo convenio para tener seguridad de que se producirán las inversiones.
Nayra Alemán ha recordado que hay un convenio, por importe de unos 900 millones de euros, de los que en torno a 437 millones se han invertido, mientras que el resto hay de plazo hasta 2029 para ejecutarlo, y ha pedido al consejero que cuente con el PSOE para aclarar lo que sea necesario con la administración central.
El consejero ha repetido que el anterior gobierno canario «también planteó y peleó» para que se cumplan las leyes de aguas estatal y de Canarias, así como el Estatuto de Autonomía, donde se dice que el ejecutivo regional tiene las competencias en la materia y, en las obras de interés general del Estado las propondrá pero las financiará el Estado.
Ha señalado que mientras que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, plantea que las inversiones se canalicen por medio de empresas públicas, la ministra de Medio Ambiente, Teresa Ribera, dice cuestiones diferentes.
El consejero también ha hablado de expedientes sancionadores de medio ambiente europeos y causas para evitar que vuelva a suceder, a petición del diputado de Vox Javier Nieto.
«Varios frentes abiertos»
Manuel Miranda ha señalado que hay «varios frentes abiertos», relacionados con problemas de los planes hidrológicos, así como por la ordenación del territorio y vertidos de residuos de forma indiscriminada.
Se ha referido a deficiencias en colectores de poblaciones de más de 15.000 habitantes, que afectan a municipios de varias islas pero el más grave está en Tenerife, ya que se pagan 1.300.000 euros al año por deficiencias en el valle de Güímar, donde hay «grandes dificultades» para conectar la depuradora.
También hay deficiencias en colectores de municipios de menos de 2.000 habitantes, algo que ocurre solo en Tenerife, en 31 puntos, sobre los que las autoridades de la UE han presentado una demanda de sanción y se trabaja con el Cabildo tinerfeño para evitar que llegue a tramitarse.
Otras posibles sanciones podrían llegar por puntos con deficiencias en La Gomera, Fuerteventura y Tenerife, y se busca financiación para las infraestructuras afectadas.
Planes hidrológicos
Además, están los problemas con los planes hidrológicos, y una vez terminados los de Gran Canaria, Tenerife, y el de Lanzarote previsiblemente se aborde en el próximo Consejo de Gobierno, la previsión es que el de Fuerteventura esté en septiembre y el de La Gomera a final de año.
La diputada del grupo Nacionalista (CC) Natalia del Carmen Évora preguntó por la solución que se dará a la urbanización Origo Mare, en Majanicho, Fuerteventura, a lo que el consejero respondió que ante las cuatro peticiones que la UE hizo en el expediente lo primero que se hizo fue coordinarse con las administraciones insular y local.
Europa pedía ampliar la zona especial de aves, de forma que se extendiera a Gran Canaria, y se ha presentado la solución, que implica a dos grandes Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en Gran Canaria y cuatro en Fuerteventura.
También reclamaba la UE un plan de recuperación de la hubara, y se ha preparado un borrador con el objetivo de tramitarlo el año próximo, y en cuanto a una nueva Red Natura 2000 el consejero ha recordado que ha está aprobada.
El cuarto punto reclamado por la UE es un proyecto de urbanización, lo que significa corregir y compensar lo hecho, y en este ámbito la actuación más importante no está en esa urbanización, sino la zona de El Cotillo, ha explicado el consejero.
Hay un proyecto de unos 3 millones de euros para un proyecto en esa urbanización de El Cotillo, donde hay que restaurar, además de quitar escombros y rehabilitar accesos.
El consejero ha comentado que es posible que se evite la sanción una vez que desde la UE se ha mostrado satisfacción por los trabajos realizados.
