El Consejo de Gobierno ha decidido además pedir la convocatoria de la comisión bilateral con el Estado por las transferencias en Costas
El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de decreto de la Oferta de Empleo Público del personal estatutario de los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud para 2023, toda vez que recientemente obtuvo el informe favorable de Función Pública.
La OPE de 2023 comprende un total de 7.849 plazas de personal estatutario de 50 categorías profesionales. De ellas, 841 corresponden a la tasa de reposición ordinaria y 7.008 a la tasa excepcional específica.
Del total de plazas, 689 corresponden a facultativos especialistas de área, 537 a médicos de diferentes categorías, de las que 412 son para Medicina Familiar y Comunitaria, 23 para pediatras de Atención Primaria y el resto para médico de Urgencias, de Admisión y de Cuidados Paliativos.
Además, contempla 2.316 plazas de enfermería, además de 58 de enfermera en Salud mental, 18 en enfemería del trabajo y 21 en especialista en enfermera pediátrica; 81 plazas para matrona, 84 de fisioterapeutas, 1.522 auxiliares de enfermería, 758 de administrativos y 634 de celador, entre las más numerosas.
Con este número de puestos, más las, aproximadamente, 12.000 convocadas en los procesos ordinarios y de estabilización vigentes, se proveerán unas 20.000 plazas estructurales con carácter definitivo.
Esta oferta de empleo público para 2023 continúa trabajando en la adopción de medidas encaminadas a conseguir el reequilibrio en la evolución de la temporalidad en el SCS. Así, la tasa de temporalidad en los órganos de prestación de servicios sanitarios del SCS pasa a situarse en el 5,75% de las plazas de naturaleza estructural.
Gasto farmacéutico
Por otra parte, la Consejería de Sanidad dio cuenta del informe del gasto farmacéutico del Servicio Canario de la Salud correspondiente a noviembre de 2023, mensualidad en la que se emitieron 4.823.422 recetas, con un gasto medio de 11,53 euros, lo que situó la factura farmacéutica en 56.291.778,02 euros.
Por Áreas de Salud, Gran Canaria y Tenerife emitieron el mayor número del total de recetas, a razón de 2.126.880 y 2.033.873, respectivamente. Les siguen las de Lanzarote, con 247.657; La Palma, con 185.947, Fuerteventura, con 162.811; La Gomera, con 44.901, y El Hierro, con 21.353.
En cuanto al gasto medio por receta, de 11,53 euros, osciló entre los 10,88 euros, del Área de Salud de Fuerteventura y los 12,87 euros, del Área de Salud de La Gomera.
Decreto de ordenación territorial y urbanística para la recuperación de La Palma
El Gobierno de Canarias ha aprobado el Decreto ley de medidas en materia territorial y urbanística para la recuperación económica y social de la isla de La Palma tras la erupción volcánica de Cumbre Vieja.
La norma establece las medidas para la construcción, la rehabilitación o la reconstrucción de las edificaciones, los usos y las actividades en las mismas condiciones que existían el 19 de septiembre de 2021 en el ámbito espacial hoy ocupado por la colada, allí donde sea seguro y técnicamente posible, posibilitando, de este modo, la recuperación de la vida y las actividades preexistentes al volcán.
En las semanas que ha estado expuesto a consulta pública y participación ciudadana se han presentado alegaciones que se han incorporado al decreto porque lo mejoran y todas que no tengan cabida en este serán objeto de regulación en los siguientes. El decreto responde a la aspiración de la mayoría de las personas afectadas de recuperar lo que perdieron y, en lo posible, en cuanto la naturaleza lo permita, volver a los lugares de donde tuvieron que salir para reconstruir y restablecer su modo de vida como parte de una comunidad.
Competencias en Costas
El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado solicitar al Estado la convocatoria urgente de la comisión bilateral para proceder a renegociar la transferencia de costas, ya que el ejecutivo regional considera que el Gobierno de España sigue tutelando sus competencias estatutarias.
Las competencias de costas pasaron a la Comunidad Autónoma el 1 de enero de 2023, pero el Gobierno de Canarias, de CC y PP, acusa a su predecesor, liderado por el PSOE, de haber aceptado un traspaso que supone la tutela estatal de la gestión efectiva de las funciones. Las competencias se transfirieron de manera parcial y no dan solución a muchos de los asuntos, según dijo el portavoz del Gobierno de canarias, Alfonso Cabello, tras la reunión del Consejo de Gobierno.
Agregó que el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, que es el competente en costas, se ha reunido varias veces con representantes del Ministerio de Transición Ecológica y ha comprobado sus «reticencias» a que Canarias ejerza sus competencias.
La situación es «insostenible», de ahí que el Gobierno de Canarias haya acordado solicitar la convocatoria urgente de la comisión bilateral con el Estado para renegociar esas transferencias, dijo Cabello.
Reglamento de Selección y Promoción de la Policía Canaria
El Consejo de Gobierno también ha aprobado el Reglamento de selección y promoción del Cuerpo General de la Policía Canaria.
Hasta ahora, los sistemas de acceso y promoción se regían por la normativa general del personal de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, ajustando las bases de las convocatorias a los criterios que establece la Ley 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Policía Canaria. En este sentido, el Gobierno apunta que cabe señalar que la actividad policial requiere una formación, actitudes y aptitudes específicas, en los diferentes empleos y sus escalas, para lo que se precisa determinar un régimen propio para la cobertura de plazas que contemple su especificidad como cuerpo policial.
El Cuerpo, además, se encuentra en una fase expansiva y, en este marco, desde ahora, y a lo largo de los próximos años, se realizarán sucesivas convocatorias, según el Gobierno. Es importante, por ello, contar con una regulación que recoja las particularidades en el acceso, selección, promoción y provisión de puestos de trabajo en aras de una mayor seguridad jurídica.
