En 2019, un empresario interpuso una denuncia contra dos de los acusados, propietarios del casino, por una deuda por servicios de intermediación inmobiliaria. Trataron de emplear la intimidación para que retirara la demanda
La Fiscalía pide cinco años de prisión por delitos de obstrucción a la justicia y lesiones psíquicas contra los cinco acusados protagonistas del altercado que tuvo lugar en el casino de Santa Cruz de Tenerife en noviembre de 2019.
En el juicio que comienza el 13 de marzo, la Fiscalía pide para los cinco acusados tres años por obstrucción a la justicia y dos por lesiones psíquicas, así como el pago de una multa de 12.000 euros por parte de dos de los acusados, padre e hija, y de 4.800 a los otros tres procesados. Además, ninguno de ellos podrá acercarse a menos de 500 metros del denunciante durante un período de siete años.
El origen del conflicto se sitúa en el 8 de octubre de 2019 cuando un empresario inició en los tribunales el procedimiento para exigir a la entidad, propiedad de dos de los acusados, el pago de una deuda por servicios de intermediación inmobiliaria.
Una vez que la reclamación fue aceptada a trámite, con el fin de intentar llegar a un acuerdo, se concertó una reunión el día 21 de noviembre de 2019 a primera hora de la mañana en la sede del Casino a la que debían acudir ellos dos y el empresario que les reclamaba el pago.
Intimidación
La Fiscalía considera que los dos primeros intentaron por medio de la intimidación la retirada de la demanda y para ello usaron la presencia de los otros tres acusados, con antecedentes penales, de gran corpulencia física y que iban a actuar como una especie de guardaespaldas.
El empresario que reclamaba el pago de la deuda llegó acompañado de su abogado y poco después lo hicieron los otros cinco acusados, quienes subieron a la primera planta mientras que uno de ellos esperaba en el hall. De esta manera, según el Ministerio Público, uno de los acusados entró en la Sala con los tres acusados, “con la firme intención de que retirara la demanda”.
Y ello fue así hasta el punto de que uno de los supuestos guardaespaldas agarró del brazo al abogado, obligándole a que saliera de la Sala y permaneciendo a su lado, impidiéndole la entrada con el fin de que el empresario tuviera menos posibilidades de defenderse.
De hecho, otro de los acusados lo sujetó mientras que uno más le propinaba un golpe en el lado izquierdo de la cabeza. Tras lo anterior la administradora dijo en tono de amenaza que “eso sería lo que le ocurriría a él y a su familia si no retiraba la demanda”.
Durante el procedimiento judicial que culminará en el juicio, los acusados asumen que pudieron incurrir en un posible delito de lesiones hacia el empresario, quien a raíz de este episodio sufrió un trastorno de estrés postraumático que ha precisado un tratamiento psicoterapéutico para su curación que se ha alargado durante 176 días.
