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25 abril 2024 8:20 am

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El Parlamento designa a María Méndez como administradora general de RTVC

La votación se llevó a cabo en la segunda jornada del pleno del Parlamento de Canarias de esta semana

Informa: Elena Falcón

El pleno del Parlamento de Canarias ha designado este miércoles como nueva administradora general de Radiotelevisión Canaria (RTVC) a María Méndez, que ha recibido 36 votos a favor, 1 en contra y 28 abstenciones.

Su nombramiento se produce dos días después de que fuese considerada idónea para el cargo por la comisión de control de la cadena pública en el Parlamento de Canarias, después de que la propusiera el Gobierno regional.

María Méndez contó en la comisión de control con el apoyo de los grupos que apoyan al Gobierno regional (CC, PP, ASG y AHI) y la abstención de PSOE, NC y Vox, postura la de estos tres últimos grupos que ella dijo recibir como «un crédito».

Aprobada una PNL del PP contra la tramitación de la ley de amnistía

El Parlamento de Canarias, con los votos del PP, CC, AHI y Vox, ha aprobado este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Popular contra la tramitación de la ley de amnistía y en la que se rechaza cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado para cualquier grupo de ciudadanos, cualquiera que sea su delito.

La propuesta, defendida por la diputada popular Luz Reverón y que contó con la abstención de ASG y el voto en contra del PSOE y NC-bc, señala que el imperio de la ley es la expresión de la voluntad popular, tal y como establece el preámbulo de la Constitución, y compromete a todos los poderes para su cumplimiento. La PNL anima, además, a los dos partidos mayoritarios (PP y PSOE) a buscar acuerdos de Estado que eviten que la sociedad española se vea sometida a las condiciones ilegales de partidos independentistas.

La ley «atenta contra los principios del Estado de Derecho»

En su intervención, Luz Reverón afirmó que la ley de amnistía que ya se está tramitando en el Congreso de los Diputados «es inconstitucional y atenta contra los principios básicos del Estado de Derecho», y añadió que ni el legislador ni el Ejecutivo «pueden arrogarse la facultad de declarar inmune a un grupo de personas, borrar sus delitos e incluso evitar que vayan a los juzgados como cualquier otro ciudadano».

Reverón señaló que los hechos ocurridos en el año 2017 fueron «una insurrección por parte de los poderes públicos de Cataluña contra el orden constitucional; un atropello delictivo perpetrado a conciencia por un grupo determinado de políticos saltándose la legalidad», de ahí la aplicación del artículo 155 y la puesta en marcha de los instrumentos legales contra sus impulsores, condenando el Tribunal Supremo a alguno de sus principales líderes.

La diputada popular incidió en que los implicados en el procés han encontrado en la «ambición» de Pedro Sánchez «el caldo de cultivo propicio a sus aspiraciones de impunidad, pretendiendo el Partido Socialista con esta Ley de Amnistía un borrado penal de todos los delitos cometidos por la organización del procés y también por los miembros del movimiento secesionista, y además también borrar esas causas judiciales que se encuentran en curso por malversación de fondos públicos y por actos de terrorismo».

Advirtió que esta ley «no es un punto y final; es un punto y seguido hacia el camino de la autodeterminación de Cataluña y, por extensión, al País Vasco; un despropósito jurídico que el PSOE justifica en un supuesto interés general cuando en realidad solo sirve al interés particular de Pedro Sánchez de mantenerse en la Moncloa, lo que se llama corrupción política».

«No va de derechas ni de izquierdas»

Luz Reverón dejó claro, además, que esta PNL «no va de derechas ni de izquierdas, va de coherencia o de seguidismo, va de demócratas o de autócratas. La Ley de Amnistía es un fraude, es corrupción, es injustificable, va en contra de la supervivencia, supone una regresión democrática, es contraria a la separación de poderes y, en definitiva, es una humillación a todos los españoles».

«Ante estas amenazas y chantajes lo que hacemos es plantarnos, aparcar las diferencias y decir alto y claro que con nuestra democracia no se negocia, que nuestra democracia, nuestra libertad y la igualdad de todos los españoles se defienden. Esto es lo que hoy estamos pidiendo con esta proposición no de ley», añadió la parlamentaria del PP.

Contrarios a la amnistía

La diputada Paula Jover, del Grupo Parlamentario Vox, compartió que la ley de amnistía supone «el principio del fin de la democracia, la abolición del Estado de Derecho, poner a una casta de políticos por encima de todos los ciudadanos y por encima de la ley y también una evidente desviación de poder»; una ley que no busca la concordia, sino «obtener siete votos» y utilizando a España «como moneda de cambio».

El diputado de AHI, Raúl Acosta, se mostró en contra de la amnistía «porque no se hace por convicción política, sino por necesidad de los siete votos de Junts, así como los de ERC, para poder formar gobierno». «Si no, no se explica que se afirme que algo es inconstitucional y que luego tramiten esta ley. Decir que no son serios es quedarse cortos porque ustedes se ríen de los ciudadanos», afirmó Acosta.

El portavoz del Grupo Nacionalista Canario, José Miguel Barragán, se mostró en contra de la ley de amnistía porque es fruto de «decisiones que no se tomaron hace diez años, sino lo que ha durado la campaña electoral». «La democracia no se va a defender así. No se puede decir durante cuatro años que estaba Cataluña pacificada y ahora poner como argumento de la amnistía que esto sirve para pacificar Cataluña. ¿Cuándo era verdad? ¿Estaba pacificada? ¿Estaban tranquilas las cosas o hace falta esto?», se preguntó. Barragán sostuvo, además, que esta es «una amnistía ad hoc, de conveniencia, para tener a un presidente sentado en el Gobierno de España». «Esto es lo que ha ocurrido y eso es innegable», apostilló.

Confrontación

Jesús Ramos Chinea justificó la abstención del Grupo Parlamentario de ASG al entender que, independientemente de que la Ley de Amnistía sea constitucional o no, al menos su tramitación debe llevarse a cabo siempre y cuando se cumpla con todos los trámites y con todas las garantías, y que sea después cuando el Tribunal Constitucional diga si es o no contraria a la Norma Fundamental.

El portavoz del Grupo Parlamentario NC-bc, Luis Campos, no apoyó la PNL por «el curso de confrontación y apocalipsis que hay detrás de la misma y de las acciones del Partido Popular y de Vox a lo largo de todo el Estado».

Asimismo, tildó de curioso que los que presentan esta proposición no de ley «fueron los autores de las amnistías fiscales; del acercamiento de los presos de ETA al País Vasco; los que llamaron a ETA Movimiento Nacional de Liberación Vasco; y los que se atrevieron claramente a establecer líneas rojas a Vox y luego a convertirse en sus socios principales no porque hayan cambiado de opinión, sino porque, exactamente lo mismo que el Partido Socialista, probablemente necesitaban sus votos para acceder al Gobierno y al poder».

Por último, el diputado socialista Sebastián Franquis quiso dejar claro que España «no se va a romper» por la ley de amnistía. «Aquí lo que se ha roto es la aspiración de la ultraderecha y de la derecha española de gobernar este país. Eso es lo que se ha roto», remarcó Franquis, para añadir que en nuestro país «no hay ningún problema de lucha territorial, sino un problema de convivencia de comunidades, especialmente en Cataluña», de ahí que el Partido Socialista esté «trabajando» para resolver este problema y que esta convivencia «siga en el futuro».

Superada las 40.000 personas en el sistema de dependencia

Canarias ha superado por primera vez las 40.000 personas atendidas en el sistema de la dependencia, según datos publicados por el Imserso. Al mismo tiempo, se ha incrementado el número de solicitudes registradas que estaban pendientes, se ha reducido el tiempo de resolución de cada expediente, se han impulsado las revisiones de grado y se ha iniciado un procedimiento de simplificación administrativa.

Así lo explicó este miércoles en el pleno del Parlamento de Canarias la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, quien, no obstante, insistió en que hay que continuar trabajando para poner al día la dependencia en el Archipiélago, cumplir con los plazos que marca la Ley y dar una atención digna a todas las personas que lo requieren.

Candelaria Delgado explicó que el objetivo prioritario de su departamento es mejorar la vida de las personas y no mejorar las cifras, y defendió que los datos ofrecidos «serán siempre transparentes y veraces», al tiempo que lamentó el «maquillaje» de las listas de espera llevado a cabo durante la legislatura pasada, cuando se paralizaron los registros de nuevas solicitudes.

«Realismo y responsabilidad»

La consejera detalló que el número de solicitudes de dependencia que fueron resueltas en todo el año 2022 fue de 4.880. Hoy en día, sin terminar el año, se han sacado adelante 2.000 más, llegando a 6.844 solicitudes. «Este dato es un ejemplo más de cómo esta nueva Consejería se ha implicado en materia de dependencia en Canarias con realismo y responsabilidad, priorizando la mejora de la gestión», aseguró la consejera en su intervención.

En su intervención, la consejera afirmó, asimismo, que, en los últimos meses, el departamento ha pasado de contar con 24 personas técnicas valoradoras que había en julio a un total de 35, es decir, 11 más y que se ha impulsado la formación de 35 agentes del 012, para dar información telefónica especializada a los canarios y canarias en materia de dependencia.

Atención a las islas no capitalinas

En su intervención, Delgado hizo mención especial al esfuerzo realizado para mejorar la atención a las personas dependientes residentes en las islas no capitalinas, logrando ya que en algunas de ellas no haya lista de espera.

A este respecto, indicó que «nos hemos volcado de manera especial en las islas no capitalinas, así, en La Gomera, La Palma, El Hierro y Fuerteventura hoy podemos afirmar que estamos al día en cuanto a dar respuesta a las solicitudes de valoración de reconocimiento inicial de la situación de dependencia presentadas en estas islas».

Además, indicó que, en estos momentos, se está trabajando con más de 150 solicitudes de revisión del grado de dependencia de las islas de La Gomera, La Palma y El Hierro, «cuyos solicitantes serán citados en breve para recibir la visita del técnico que valorará su grado de dependencia».

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado. Imangen GOBIERNO DE CANARIAS / Europa Press
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado. Imangen GOBIERNO DE CANARIAS / Europa Press

Canon de vertidos

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, ha anunciado que la futura ley de economía circular incluirá un canon de vertidos con carácter finalista, por el cual aquellas actividades más contaminen serán las que «más cuantía económica aporten».

Lo recaudado a través de este canon se destinará a «campañas de formación y asesoramiento» a cabildos y ayuntamientos, ha detallado Zapata en el pleno del Parlamento de Canarias, en el que este miércoles ha comparecido a instancias del grupo Popular.

Zapata también ha avanzado que su departamento prevé modificar la estrategia canaria de economía circular, cuyo nivel de cumplimiento en el periodo 2021-2023 ha sido «muy bajo», planteando para los próximos tres años «objetivos claros y concretos» y de la mano de todos los actores implicados.

Ha recordado que el Consejo Consultivo de Canarias dictaminó el pasado septiembre que el borrador de ley de economía circular es «meramente programático en numerosas partes del texto», en el que se usan de manera reiterada «expresiones genéricas y con falta de precisión como promoverán, fomentarán, desarrollarán o impulsarán».

Lo cual, ha continuado, «supone solo un criterio de actuación y no de exigencia, diluyéndose el sentido normativo del texto».

Articular «una ley realista»

Zapata ha subrayado la necesidad de articular «una ley realista» y que «tenga en cuenta al tejido productivo, mayoritariamente formado por pymes, y acompañarlo en la marcha de estas políticas de economía circular».

Ha explicado que su Consejería, de la mano de los cabildos, está comenzando a definir las líneas estratégicas del nuevo plan de acción 2024-2027, y que la idea es que contenga «acciones ambiciosas pero realistas que permitan convertirnos en un destino turístico sostenible sin ‘greenwashing'».

«Queremos avanzar en materia de circularidad con cabeza y sin alharacas», ha proclamado el consejero, que también ha dicho que la idea es que la futura ley sea «una herramienta útil» y se aleje de «desarrollos retóricos».

La futura ley, ha continuado, será «absolutamente trasversal» pues atañerá a la gestión de residuos, del agua, de la energía, el suelo, pero también al empleo, a la fiscalidad y a la ordenación del territorio.

Tocará diversos aspectos como la separación de residuos en viviendas y actividades económicas y la trazabilidad de los mismos para su reutilización; un canon de vertidos al mar o la depuración del agua, así como las consecuencias de las misiones de amoniaco, metano y óxido nitroso.

Tras escuchar el discurso del diputado de Vox, Nicasio Galván, que ha tachado de «flatulencia mental» el informe en el que se basó la estrategia de economía circular 2021-2023 y ha negado el agotamiento de los recursos naturales, se ha ratificado en que Canarias no va a dar «ni un paso atrás» en la lucha contra el cambio climático.

Y tal y como le ha pedido la diputada del PP, Raquel Díaz, se ha comprometido a «pisar el acelerador» y tomar medidas «cuanto antes». 

Comisión de estudio para la reforma del REF

El pleno del Parlamento de Canarias también ha aprobado este miércoles la creación de una comisión de estudio que evalúe la reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF) con los votos a favor PSOE y NC-BC –proponentes– CC, PP, ASG y AHI y el rechazo de Vox.

Manuel Hernández (PSOE) ha indicado que el REF es un instrumento «estructurante» de la economía del archipiélago que obliga a una «revisión y actualización constante» para además darle la mayor seguridad jurídica.

Además, aunque ha reconocido que cuenta con aspectos muy potentes como la RIC o la ZEC hay «margen de mejora» en muchos de sus indicadores pues se ha demostrado que el REF «no ha sido suficiente» para corregir los desequilibrios de la economía canaria.

Por ello ha reclamado una «reflexión en profundidad» para impulsar una reforma tras la última actualización de 2018.

Defensa a «ultranza» del REF

Esther González (NC-BC) ha afirmado que su partido defiende «a ultranza y sin ambages» el REF y el Estatuto de Autonomía y «desgraciadamente», el Gobierno estatal «lo intenta vulnerar a la mínima que puede».

Ha criticado que «desde la meseta» no se entiende que el REF «no es un regalo ni una prebenda, sino un derecho» para poder competir en igualdad con el resto del territorio y compensar las desigualdades naturales de las islas.

Ha afirmado que «queda mucho por andar», especialmente el «anclaje definitivo» del documento pues no ha sido «eficaz» su inclusión en el Estatuto de Autonomía dado que depende de los cambios legislativos de cada momento.

Asimismo ha dicho que hay que adaptar el REF a la realidad económica actual dado que es «insuficiente» para corregir los «desequilibrios» del archipiélago, como se demostró durante la pasada pandemia sanitaria.

AHI cuestiona la injerencia del Gobierno central

Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), ha apuntado que defender el REF «es un proyecto de país» y en un momento en que la sociedad «es muy diferente» a la de 2018, cuando se realizó la última reforma, debido al impacto de la digitalización.

Ha mostrado sus dudas sobre que la comisión quiera solapar el papel del comisionado del REF, ha advertido de la necesidad de un REF específico para las ‘islas verdes’ y cuestionado la «injerencia constante» del Gobierno central y la Agencia Tributaria en el sector audiovisual.

«El REF muchas veces no llega a la sociedad porque las empresas tienen miedo», ha señalado.

Melodie Mendoza (ASG) ha apoyado que el REF sufra una «actualización» dado que las necesidades y dificultades de las islas han aumentado y que inciden directamente en las tasas de pobreza y la renta per capita.

Ha lamentado que PSOE y NC-BC no hayan consensuado la propuesta con todos los grupos parlamentarios dado que el REF «no es un asunto partidista sino de toda Canarias», y espera que en la comisión se trabaje con «diálogo».

Vox censura el aumento del gasto público

Javier Nieto (Vox) ha apuntado que la economía «es muy cambiante» lo que obliga a una «adaptación» del REF dado, entre otras cosas, que los productos «no se abaratan» ni se impulsa el sector industrial ni la actividad privada.

No obstante, se ha negado a la creación de una comisión que supone «más gasto público».

Fernando Enseñat, del Grupo Popular, ha comentado que hay que defender el REF como un «instrumento vital e indispensable» para el desarrollo económico y social de Canarias, si bien ha dicho que la comisión debe servir para «colaborar y cooperar» con el comisionado del Gobierno.

Ha indicado que hay que adaptar el REF a la nueva realidad económica y que sea más conocido por la sociedad canaria, al tiempo que ha criticado los «atropellos» del Gobierno central, especialmente durante el mandato de Pedro Sánchez.

Por ello ha pedido al PSOE «que se implique» en la defensa del REF ante los «ataques» al documento porque «no es un privilegio» sino un instrumento para compensar las desigualdades de las islas.

Barragán pide mejorar las relaciones con el Estado

El portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Barragán, ha recordado que en el ‘Plan Reactiva’ se pactó que el Gobierno impulsara la reforma y actualización del documento por lo que no entiende que se pida una comisión de estudio «si el trabajo debía de estar hecho».

Ha lamentado que la comisión se haya planteado de forma «partidaria» cuando el REF «es de todos» y entiende que una de las cuestiones «fundamentales» es mejorar las relaciones con el Estado y la «lealtad institucional».

«Necesitamos establecer unos protocolos con el Gobierno y las Cortes para que cuando se produzcan modificaciones las conozcamos antes y evitar ir a los recursos de inconstitucionalidad», ha destacado.

Reproche de Matos a Asián

El pleno comenzó con un reproche del diputado del grupo socialista Gustavo Matos a la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián (PP), que no asistió el martes al pleno del Parlamento de Canarias y que, según Matos, no tiene justificación para ello.

La segunda sesión del Parlamento de Canarias ha incluido una pregunta del diputado socialista a la consejera sobre las razones objetivas para afirmar desde el Gobierno canario que se teme por el futuro de los fondos europeos destinados a las islas.

La pregunta se aplazó del martes al miércoles porque la consejera no acudió el martes al pleno, y este miércoles ha dicho que su ausencia se debió a que había asistido a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado por el Gobierno central.

Gustavo Matos ha recordado que la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera concluyó el lunes, por lo que ha considerado que Matilde Asián tuvo tiempo para asistir el miércoles al pleno parlamentario.

Ha recordado que, como expresidente del Parlamento de Canarias, comprende las dificultades que en ocasiones hay para compaginar la agenda de los miembros del Gobierno y ha pedido a la consejera que respete a la Cámara en las comparecencias que tiene que hacer cada quince días. 

Turismo y sostenibilidad

Por su parte, la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno autonómico, Jessica de León, ha afirmado en el pleno del Parlamento de Canarias que el turismo «ha de ser sostenible o no será», porque eso es lo reclaman los clientes.

Esta es una de las conclusiones que obtuvo la delegación canaria de su participación en la feria turística World Travel Market de Londres, celebrada a principios de noviembre, una cita que ha resultado un éxito y que muestra que el turismo británico, el más importante en Canarias, continúa creciendo a pesar de la situación económica, expuso la consejera en una comparecencia parlamentaria.

De León destacó que el Gobierno de Canarias asume el turismo «como una política transversal» porque «el turismo será sostenible o no será, no podrá ser rentable, no podrá subir los precios, tendría que bajarlos».

Cuando se habla de sostenibilidad, advirtió, «ya no valen las buenas intenciones ni el pin en la solapa».

En sus reuniones con los operadores, la delegación canaria comprobó que reclaman que sus clientes «vivan experiencias más sostenibles, más ‘eco friendly’ y menos emisiones de CO2 en los hoteles».

Cambio de paradigma

Según la consejera, en torno al turismo hay «un cambio de paradigma», porque ya no es el turista el principal cliente, sino el residente, de manera que el turismo es «una herramienta» cuyo fin es «mejorar la vida de los canarios».

Por eso, continuó, el reto ahora es observar y medir bien su impacto en la población residente, en la calidad del empleo, en la vivienda, en las emisiones, en la movilidad, su impacto ambiental, el gasto energético, el consumo de agua y la regeneración de residuos.

Sobre este último aspecto, la consejera instó a los ayuntamientos a que premien con sus tasas municipales a las empresas que se esfuerzan en generar menos residuos, porque no es justo que paguen lo mismo que las que más contaminan.

Feria turística de Londres

Sobre la feria turística de Londres, destacó su importancia para la islas porque el mercado británico es el principal emisor de turistas para Canarias, única región española en la que se ha superado el número de visitantes y el gasto desde 2019.

Uno de cada dos turistas británicos que viaja España lo hace a Canarias y en las islas se produce el 60% de su gasto en destino, dijo Jessica de León.

El británico es el 35% del mercado turístico para las islas, ha crecido un 15% con respecto a 2022 y en 2024 se espera un crecimiento del 8%, con un 32% más de gasto con respecto a 2019 en destino.

El turismo británico «no da muestras todavía de desfallecimiento» después de que Canarias haya logrado «sortear» el brexit, la caída de Thomas Cook, la pandemia, la crisis de Ucrania, la inflación, los tipos de interés elevados y la devaluación de la libra.

«No solo hemos mejorado, sino superado todas las expectativas», los británicos no han reducido su gasto turístico, como se temía, planteó.

Para la consejera, la incógnita ahora es «cuánto más aguantaremos» a partir de que el 1 de enero entren en vigor los derechos del emisión en el transporte aéreo

Paro de larga duración

Durante su intervención, De León subrayó además que en Canarias hay 77.870 parados de larga duración, es decir, demandantes que llevan más de un año buscando trabajo, una cifra que tildó de «preocupante» y que nos sitúa entre las Comunidades Autónomas con un porcentaje más alto.

«En los últimos ocho años hemos conseguido reducir únicamente un 4% la tasa. Es evidente que tenemos un problema estructural de difícil solución y que lo que estamos haciendo no es suficiente para este colectivo, que no quiere vivir de subsidios y necesita una oportunidad», remarcó la consejera.

Del total de 77.870 parados de larga duración, 72.000 cobran prestaciones sociales. La mayor parte se concentra en Tenerife y Gran Canaria, tiene más de 45 años y le cuesta encontrar una oportunidad laboral porque carece de formación adecuada, competencias clave, o de un certificado profesional.

Frente a este problema, De León explicó que el Servicio Canario de Empleo (SCE), organismo adscrito a la Consejería de Turismo y Empleo, ha puesto en marcha este año dos líneas de ayudas para incentivar la contratación en específico de este colectivo, por un importe global de 41,7 millones de euros, que alcanzarán a más de 4.000 demandantes.

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