Pleno del Parlamento: Todos los partidos menos Vox piden erradicar los discursos de odio

Todos los grupos salvo Vox en el Pleno del Parlamento de Canarias han apoyado la proposición presentada por el Grupo Socialista sobre los discursos de odio

Informa: Redacción Informativos RTVC

El Pleno del Parlamento de Canarias ha acordado, con la única excepción de Vox, una iniciativa en la que se aboga por erradicar los discursos de odio y garantizar que las minorías y colectivos vulnerables puedan desarrollar sus proyectos vitales en condiciones de igualdad.

En el debate de esta Proposición de Ley, los diputados Elena Máñez, del grupo Socialista, y Nicasio Galván, de Vox, se han intercambiado reproches y acusaciones sobre el origen de estos discursos de odio y también de las agresiones a colectivos como el LGTBIQ+.

Máñez ha asegurado que con «la llegada de la ultraderecha a las instituciones» hay comunidades autónomas y ayuntamientos que han retirado banderas arcoiris, suprimido consejerías o concejalías de Igualdad y cortado subvenciones a asociaciones que luchan por los derechos y libertades de esas minorías.

Y ha añadido que esto ha coincidido con el aumento de las agresiones a estos colectivos, lo cual es «un hecho causal» con esos discursos de odio cuyos promotores, ha afirmado, son los integrantes de Vox.

El portavoz parlamentario de esta formación, Nicasio Galván, ha reprochado al PSOE «aprovechar estas fechas», las del Día del Orgullo, «para usarlas como herramienta política», igual que hace, a su juicio, con las mujeres el 8M.

Aprobada Proposición No de Ley sobre los discursos de odio. Pleno del Parlamento de Canarias. Imagen: @parcan
Pleno del Parlamento de Canarias. Imagen: @parcan

Vox rechaza las acusaciones sobre los discursos de odio

Y lo hace, ha proseguido, «mintiendo» al atribuir los discursos de odio «a la derecha», o bien porque «son unos ignorantes», pues ha afirmado que «el fascismo proviene del socialista Mussolini y el nazismo, del nacionalsocialista Hitler», quienes son «primos hermanos de los marxistas, es decir, socialistas y comunistas».

Galván ha atribuido los discursos de odio y las agresiones a los inmigrantes irregulares y para ello ha leído «noticias de las últimas semanas» con incidentes de esta naturaleza protagonizados por personas magrebíes y subsaharianas.

El portavoz de Vox ha añadido que «odio es subir al estrado y decir que no tenemos categoría de persona o somos terroristas por defender la vida«, igual que «hacer un cordón sanitario» a su partido en todas las mesas de las comisiones del Parlamento de Canarias, o «llamar a una diputada de Vox goda con desprecio y señalándola«.

La cosa no ha quedado ahí, y tras la intervención del resto de grupos parlamentarios, Elena Máñez ha pedido la palabra para reprobar los «insultos» de Galván a los socialistas, llamándolos «ignorantes», aparte de «los datos falsos» con los que trufó su intervención.

Galván ha aconsejado a la bancada socialista a que «mire su historia, a ver quiénes son ignorantes», y repase los discursos de Francisco Largo Caballero, y también le ha pedido que «controlen sus palabritas» porque los diputados de Vox «venimos llorados de casa, pero cuando les dicen las verdades a la cara se ponen a temblar y piden auxilio».

Respaldo sin fisuras del resto de grupos

Más allá de esta agria discusión, el resto de grupos, CC, PP, ASG, AHI y Nueva Canarias han respaldado sin fisuras esta Proposición No de Ley, con el ruego por parte de la diputada nacionalista Jana González y del grupo Mixto Raúl Acosta de «rebajar el tono» desde la clase política.

El PSOE ha rechazado, en aras de la unanimidad, una enmienda de Nueva Canarias que pedía que en el texto de la proposición incluyera una censura a las declaraciones de la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, quien describió la tensión de la capacidad de acogida de menores migrantes no acompañados como «una situación de guerra».

Sobre esto, Raúl Acosta (AHI), ha indicado que estas palabras de la consejera fueron fruto de «la frustración de ver que estamos totalmente abandonados y que el Estado mira para otro lado», y ha añadido que estuvo en una de las instalaciones de acogida en El Hierro y a tenor de lo que vio «si no estamos en una guerra, se parece, y lo parecerá cuando tengamos a niños en carpas» por no disponer de espacios apropiados.

«No hay que fomentar los discursos de odio, pero hay momentos que hay que decir las verdades a la cara», ha aseverado.

Jacob Qadri, del Grupo Popular, ha preguntado a los grupos en la oposición si «no es discriminación que a los canarios nos cueste más 14 de millones al mes mantener a menores migrantes sin ayuda del Estado» o que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, esté «dinamitando cualquier posible acuerdo de reparto» de estos menores.

Rechazo a propuesta sobre infancia

El Pleno del Parlamento de Canarias ha rechazado este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Socialista, con los votos en contra de los grupos políticos que apoyan al Gobierno canario, para impulsar políticas públicas que reduzcan las grandes dificultades que vive uno de los colectivos más vulnerables de las islas, como las niñas y niños, y que se apruebe la presupuestación pública de infancia en los Presupuestos de Canarias para 2025.

La iniciativa, defendida por la diputada Tamara Raya, solicitaba la incorporación de los criterios de infancia como principio de presupuestación de la comunidad autónoma en la Orden por la que se dicten normas sobre la elaboración y la estructura de los Presupuestos Generales de Canarias para el año 2025.

También se pedía incorporar en dicha Orden el informe de impacto en la infancia, en la adolescencia y en la familia, estableciendo un sistema de indicadores específicos y de seguimiento al respecto, así como impulsar la modificación legal que establezca dicho informe como obligatorio.

Derechos de la infancia

En la propuesta socialista se recordaba que el Comité de los Derechos de la Infancia aprobó en 2016 la observación general número 19 sobre la elaboración de presupuestos públicos para hacer efectivos los derechos de la infancia, donde se señala que la planificación, aprobación, ejecución y seguimiento de los presupuestos públicos, deben incorporar los mecanismos correspondientes para dar efectividad a los derechos de la infancia.

En esta línea, recalcan que las obligaciones de presupuestación de infancia se fundamentan en que es necesaria la medición de los recursos destinados a la infancia para poder medir el progreso en el cumplimiento de los Derechos de Infancia. Además, permite priorizar el gasto en infancia en tanto se considera que este contribuye de forma mucho más eficiente a la eliminación de las desigualdades e inequidades presentes y, sobre todo, de las generaciones futuras.

Para el Grupo Socialista, este instrumento puede ser idóneo para las disfunciones de igualdad y riesgo de pobreza de la estructura socioeconómica de Canarias, donde no existe regulación ni práctica al respecto, y las últimas órdenes por las que se dictan normas sobre la elaboración y la estructura de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, no prevén el informe de impacto en la infancia, a pesar de ser una obligación legal internacional y estar contemplada en el ordenamiento nacional.

Por este motivo, consideran «fundamental» que se incluya esta presupuestación pública de infancia en los Presupuestos de Canarias para 2025.

Ayudas adicionales para La Palma

El Parlamento de Canarias también ha rechazado la moción del Grupo Socialista en la que se instaba al Gobierno autonómico a crear una línea de ayudas, adicionales, para los damnificados por el incendio que afectó en 2023 a los municipios palmeros de Puntagorda y Tijarafe, que afectó a 3.000 hectáreas y más de 60 viviendas y explotaciones agrícolas.

Los grupos que apoyan al Ejecutivo regional, CC, PP, AHI y ASG, han pedido una votación por separado de los dos puntos que contenían la moción, pues entienden que hay ayudas presupuestadas por parte de las administraciones, desde el Ayuntamiento de Tijarafe hasta el Cabildo de La Palma y el Gobierno de Canarias.

Jacob Qadri (PP) ha instado a la proponente de la moción, la socialista Alicia Vanoostende, a que se «tome en serio» las iniciativas que lleve al Parlamento y concrete «cuánto hace falta y para quién» irían destinadas estas ayudas adicionales, así como «de dónde sacarlas».

Diana Lorenzo, del Grupo Nacionalista, ha cuantificado esas ayudas en más de 16 millones de euros, de los cuales 14 corresponden al plan del cinturón verde en medianías, que se dividirán en anualidades.

La socialista Alicia Vanoostende ha recordado que el pasado abril el Cabildo de La Palma aprobó una moción del PP en la que se instaba al Gobierno de Canarias a dedicar una partida específica para los damnificados por el incendio de 2023 que cubriera el 100% de los daños.

Respaldo al plan regional de prevención y extinción de incendios

Lo que sí han respaldado por unanimidad los grupos con representación en el Parlamento de Canarias es el segundo punto de la moción, en el que se apela al Ejecutivo regional a dar cumplimiento a la mayor brevedad la resolución aprobada en la Cámara, en la que se pide un plan regional de prevención y extinción de incendios.

Este plan, según lo acordado por el pleno, ha de recoger una evaluación y estrategias futuras de los sistemas y medios de prevención y respuesta ante los incendios forestales en el archipiélago. 

Eliminar la tasa de reposición de plazas de la Policía Local

El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles una Proposición No de Ley en la que se pide al Gobierno regional que inste al Ejecutivo central a eliminar este año la tasa de reposición de efectivos para los cuerpos de Policía Local de los municipios españoles.

Pide la Cámara legislativa canaria que esa eliminación de la tasa de reposición se lleva a cabo este año, pero que se haga con las cautelas que, en su caso, tenga a bien establecer el Gobierno español en materia de control del gasto y de estabilidad financiera.

La proposición ha sido presentada por el Grupo Nacionalista (CC), y se ha abstenido el Grupo Socialista, debido a que, como ha dicho la diputada de esa formación Rosa Cabrera, no se puede garantizar el adelanto de esa eliminación porque hacerlo podría afectar a la sostenibilidad económica.

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