Salvar La Tejita denuncia la reanudación de las obras de ‘Cuna del Alma’

En octubre de 2022, ya habían presentado una demanda sobre diversos delitos a una veintena de cargos políticos y técnicos involucrados en la autorización del proyecto

La Asociación Ecologista Salvar La Tejita ha presentado una denuncia en la Fiscalía de Medio Ambiente de Santa Cruz de Tenerife. El motivo son los daños provocados en las obras de Cuna del Alma, en las inmediaciones del Puertito de Adeje, que ahora se han reiniciado.

Según la plataforma, la promotora Segunda Casa Adeje SL reanudó las obras el pasado 14 de noviembre tras dos años sin movimientos de tierra.

Salvar La Tejita denuncia la reanudación de las obras de 'Cuna del Alma'. (ARCHIVO) Activistas en la zona de donde se promueve la urbanización 'Cuna del Alma' PLATAFORMA SALVAR EL PUERTITO.
(ARCHIVO) Activistas en la zona de donde se promueve la urbanización ‘Cuna del Alma’ PLATAFORMA SALVAR EL PUERTITO.

El Gobierno anterior emitió tres órdenes de paralización cautelar de obras

Los ecologistas recuerdan que en noviembre de 2022, el anterior Gobierno emitió tres órdenes de paralización cautelar de obras. Fueron por daño a flora protegida, ausencia de evaluación de impacto ambiental, así como daños a yacimientos arqueológicos.

Ahora, señalan, «las excavadoras han arrasado en estas semanas unos 9.000m2 de terreno que hasta el momento permanecían intactos».

RTVC. Declaraciones: Rubén Pérez, portavoz de Salvar La Tejita.

Un daño irreversible

Por ello, la asociación ecologista ha trasladado al ministerio fiscal la urgencia de paralizar cautelarmente las obras. «Con motivo de que se puedan estar consumando, una vez más, delitos contra el patrimonio arqueológico que están produciendo un daño irreversible«.

En la denuncia, los informes técnicos detallan como ya en 2022 se destruyó un yacimiento arqueológico de alto potencial, con grabados y estructuras de cabaña.

Un informe ocultado

Las obras comenzaron a pesar de los informes desfavorables del área de patrimonio del Cabildo de Tenerife y un informe de ARQUEOCANARIAS, S.L. en 2019. Este último fue ocultado a la administración, señalan los ecologistas.

En dicho informe se identificaba el yacimiento. El cual fue destruido posteriormente. Y, aún teniendo constancia de su existencia, la promotora permitió que las máquinas lo destruyeran.

Uno de los yacimientos fue destruido parcialmente en dos ocasiones

Además, denuncian que este informe ignoró la existencia de al menos tres paneles de grabados (los bienes arqueológicos de mayor rango de protección).

Este yacimiento también fue destruido parcialmente (por segunda vez) de manera intencionada por maquinaria pesada incluso después de haber sido vallado por la administración.

En su opinión, «estos gravísimos hechos sirvieron para que la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias incoara un expediente sancionador frente a la promotora Segunda Casa Adeje, S.L. por la comisión de infracciones muy graves sancionables con una multa de 600.000€«.

La promotora «puede ser criminalmente responsable»

No obstante, el actual Ejecutivo autonómico, en un «claro gesto de connivencia«, ha dejado caducar el expediente sancionador, pero «los hechos delictivos no han prescrito».

Entienden que la promotora «puede ser criminalmente responsable por la comisión de un delito contra el Patrimonio Histórico de los previstos y penados en los artículos 323 y 324 del Código Penal».

En octubre de 2022, ya se presentó una demanda sobre diversos delitos a una veintena de cargos políticos y técnicos que estuvieron involucrados en la autorización del proyecto.

Complicidad entre Gobierno Canario y Ayuntamiento

Los ecologistas han trasladado al ministerio fiscal la «evidente complicidad» entre la actual Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Adeje y la empresa promotora.

«Para muestra de ello, durante el último año han levantado las tres órdenes de paralización de obras, han dejado caducar los expedientes sancionadores y han emitido informes favorables a la carta. Por si esto fuera poco, han aprobado actos inauditos en la historia de la democracia autonómica como, por ejemplo, que un ayuntamiento pueda atribuirse competencias en el manejo de especies protegidas o de declarar todo el suelo urbanizable del municipio como de ‘interés general’ ante la emergencia habitacional«, indican.

Con esta nueva denuncia quieren que «se haga justicia, que no quede ningún presunto delito sin ser castigado y, sobre todo, que se paralicen unas obras que están cometiendo un daño irreversible en el último rincón sin urbanizar del suroeste de Tenerife».

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