La multa se ha determinado en 7.200 euros como solicitaba la Fiscalía
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha aceptado este martes un acuerdo de conformidad por la que se impone una condena de 9 meses por cada uno de los siete delitos de abandono a la dueña de un geriátrico y 10 meses por el de estafa, lo que suma 6 años de prisión.
No obstante, el acuerdo de conformidad incluye que la acusada, a la que en principio se le pedían 20 años, no irá a prisión mientras que la responsabilidad civil se fijará en ejecución de sentencia ya que no se ha presentado ninguna reclamación por parte de los internos o sus familiares. La multa se fijó en 7.200 euros como solicitaba la Fiscalía.
El otro procesado se encuentra en situación de rebeldía
El otro procesado, un hombre sobre el que la acusación pública pedía 14 años de cárcel por considerarlo cooperador necesario de ambos delitos, se encuentra en situación de rebeldía, residiendo en Italia. Este no acudió al juicio celebrado durante este martes.
La Fiscalía les atribuía a los dos acusados llevar a cabo durante años el cambio de denominación del establecimiento de cuidado de mayores cuando se detectaban irregularidades.
Primero fue una residencia geriátrica, luego un establecimiento relacionado con las terapias alternativas, luego un recinto extrahotelero y, finalmente, un servicio turístico de alquiler de habitaciones, en la vivienda de la encausada.
El centro se encontraba bajo la supervisión del Servicio de Inspección y Registro de Centros de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Viviendas del Gobierno de Canarias.
Las irregularidades se basaban en condiciones técnicas y materiales
La actividad del centro estaba sometida a control administrativo y la entidad mercantil había sido ya objeto de varios expedientes y sanciones y en una de las inspecciones se pusieron en evidencia varios incumplimientos.
Las irregularidades se basaban en las condiciones técnicas y materiales, accesibilidad, ausencia de estancias preceptivas, salubridad y equipamiento, ratios de personal por no contar con plantilla suficiente y con la cualificación exigida.
En este recinto también se llevó a cabo una inspección, con asistencia del Ministerio Fiscal y Gobierno canario cuando ya estaba en marcha la causa penal.
