Canarias ve un avance en el acuerdo sobre las medidas para paliar el impacto de la crisis, pero insiste en flexibilizar las reglas fiscales y la actualización de las partidas del Estado para Canarias
El vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, ha detallado este lunes tras la reunión del Consejo de Gobierno las medidas acordadas con el Estado para paliar los efectos del conflicto bélico en Irán en la economía canaria y en los ciudadanos.
Estas medidas, que serán recogidas en un decreto ley y cuyo coste asciende a 15’3 millones de euros hasta el próximo mes de junio, es, en palabras de Domínguez, insuficiente, aunque supone un avance. En este sentido, el vicepresidente de Canarias insistió en la necesidad de flexibilizar la reglas fiscales para que Canarias pueda hacer uso de su superávit y destinarlo a mitigar el impacto de la crisis, así como la actualización de las partidas del Estado para Canarias, que ahora supone un sobresfuerzo presupuestario para la Comunidad Autónoma.
El coste total de las ayudas asciende a 29,8 millones, el resto a los 15,3 aportados por el Estado proceden de recursos propios de la Comunidad Autónoma, 14,5 millones de euros.
Las medidas para compensar a Canarias por el encarecimiento de los precios incluyen pasar del 1 % al 0 % el impuesto del combustible y aumentar las devoluciones del impuesto a los transportistas del 67 % al 99,9 %, la exención del IGIC para los autónomos que facturen hasta 50.000 euros anuales y ayudas directas a los sectores agrícolas, ganaderos, pesquero e industrial.
Domínguez también añadió durante la rueda de prensa que el objetivo del Ejecutivo canario es alcanzar al menos 45 productos base de la cesta de la compra (entre ellos productos como el café, sal o mantequilla) con un gravamen 0 % del IGIC.
Medidas acordadas este lunes en el Consejo de Gobierno
- Reducción del IGIC sobre combustibles del 1% al 0%, con el objetivo de abaratar el precio final para los consumidores. En términos anuales se cifra en un coste de 14,1 millones y para un periodo de 100 días se calcula en 3,9 millones de euros.
- Incremento de la devolución del impuesto sobre combustibles a agricultores y transportistas, que pasa del 67% al 99%. Este cambio se estima que tendría un coste anual de 19,4 millones de euros y para 100 días de 5,3 millones.
- Aplicación del tipo 0% del IGIC a productos básicos de la cesta de la compra que aún tributaban al 3%, como la sal, la mantequilla y el café. Esta acción se estima que tenga un coste anual de 3,2 millones y de 900.000 euros para 100 días.
- Ampliación del límite del régimen especial del pequeño empresario (REPEP) hasta los 50.000 euros de facturación anual, reduciendo cargas fiscales y administrativas. La medida se aplicaría a partir de julio de 2026 y tendría un coste para este año de 12,5 millones de euros.
- Creación de un sistema de ayudas directas a los sectores agrícola, ganadero, pesquero e industrial para compensar el sobrecoste energético y de insumos por un importe de 7,2 millones de euros.
Las cuatro primeras medidas requerirán la aprobación de un decreto-ley autonómico, justificado por la extraordinaria y urgente necesidad derivada de la evolución de la crisis internacional.
Solicitudes al Gobierno de España
Además, el Consejo de Gobierno ha acordado trasladar al Estado un conjunto de medidas complementarias orientadas a reforzar la respuesta económica y social ante la crisis.
- La flexibilización de las reglas fiscales para permitir a las comunidades autónomas adoptar medidas extraordinarias.
- La implantación de una bonificación estatal al precio del combustible.
- La reducción de la carga fiscal en el IRPF para compensar la pérdida de poder adquisitivo de las familias.
- La actualización de partidas de los Presupuestos Generales del Estado, especialmente en transporte, agua y agricultura.
- La puesta en marcha de mecanismos de liquidez y financiación para empresas y autónomos.
- La creación de un fondo específico para sectores productivos especialmente expuestos.
Asimismo, se solicita una adaptación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para tener en cuenta las dificultades específicas de Canarias, incluyendo la posibilidad de prórrogas en la ejecución de proyectos y la revisión de objetivos afectados por el incremento de costes.
Medidas estructurales que refuercen la competitividad del Archipiélago
- La rebaja de tasas aeroportuarias y portuarias.
- El impulso a proyectos estratégicos de energías renovables, como la geotermia y la eólica marina.
- El incremento de la financiación del Régimen Específico de Abastecimiento (REA).
- La exclusión de Canarias de determinadas medidas europeas de emisiones (ETS) que encarecen la conectividad.
- El aumento del límite de ayudas minimis para empresas.
El Gobierno de Canarias ha insistido en la necesidad de incorporar una “cláusula canaria” en cualquier medida estatal de respuesta a crisis, que permita adaptar las políticas públicas a las singularidades del Archipiélago. El Ejecutivo autonómico subraya que estas iniciativas no persiguen privilegios, sino garantizar la equidad y corregir las desventajas estructurales derivadas de la insularidad, la lejanía y la dependencia energética.
