La dirección nacional del PP investiga desde octubre un contrato de 1,5 millones relacionado con el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que ordenó investigar la supuesta contratación de un detective desde la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo para espiar al entorno de Isabel Díaz Ayuso. Insistió en que las pesquisas concluyeron que no hubo «ningún contrato» en ese sentido.
En declaraciones a los medios Martínez-Almeida ha zanjado que «si hubiesen sido ciertas» las noticias sobre el supuesto espionaje al entorno de Díaz Ayuso desde alguna empresa municipal, él, como alcalde, habría adoptado «todas las medidas oportunas» para evitar que se repitieran hechos de ese tipo.
«No vamos a permitir en ningún caso, de ninguna manera, que el Ayuntamiento pueda ser utilizado con fines espurios y partidistas«, ha dicho.
Génova investiga desde octubre un contrato relacionado con el hermano de Díaz Ayuso
La dirección nacional del PP investiga desde el pasado octubre un contrato de 1,5 millones de euros. Un contrato relacionado con el hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Pidió explicaciones a la dirigente ante posibles irregularidades.
Génova investigó el contrato y mantuvo ese mes una reunión con Díaz Ayuso, según han confirmado fuentes de la dirección nacional del PP. Unas fuentes que siguen negando el encargo de un espionaje a través de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid. Un hecho que publicaron la noche de este miércoles El Mundo y El Confidencial.
En la reunión entre la dirección nacional del PP y Díaz Ayuso, la presidenta madrileña se habría desvinculado de este contrato. Además habría pedido que preguntasen a su hermano, Tomás Díaz Ayuso al respecto.
Fuentes del entorno de Ayuso indican que el PP avisó de que revelaría la información sobre este contrato si la presidenta madrileña no abandonaba la pugna por hacerse con el control del PP madrileño. Algo que niegan de forma tajante desde la dirección nacional del PP.
Desde el entorno de la presidenta recalcan además que no existe irregularidad alguna en el contrato. Un contrato de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas FFP2 y FFP3
