La subida de las tasas aeroportuarias prevista para 2026 supondría un «impacto negativo» en la conectividad, movilidad y coste de vida de los canarios
Los grupos insulares de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) en el Cabildo de Tenerife presentarán una moción al próximo Pleno de la Corporación insular en la que instan al Gobierno de España a que excluya a Canarias de la subida de tasas aeroportuarias del 6,5% previstas por AENA para el año 2026.
Los portavoces de CC y PP en el Cabildo, José Miguel Ruano y Lope Afonso, aseguran que este incremento de las tasas supondrá un “impacto negativo en la conectividad, la movilidad de los residentes, el coste de vida y la competitividad turística de la isla”.
Por ello, reclaman al Ministerio de Transportes y a AENA que, en cumplimiento del REF y del Estatuto de Autonomía de Canarias, “se excluya al archipiélago de dicha subida o se apliquen bonificaciones específicas que compensen su condición ultraperiférica y garanticen la igualdad de oportunidades para su ciudadanía”.
Ambas formaciones recuerdan en su moción que “la movilidad aérea en Canarias no es una cuestión de conveniencia, sino una necesidad vital. La condición ultraperiférica del archipiélago, su insularidad y su lejanía del territorio continental hacen que el transporte aéreo constituya el principal medio para garantizar la cohesión territorial, el acceso a servicios básicos y el desarrollo económico y social”.
“Para una isla como Tenerife, donde el turismo representa más del 35% del PIB y uno de cada tres empleos, cualquier alteración negativa en la conectividad aérea puede generar efectos inmediatos y graves sobre el bienestar de la población”, aseveran.
Riesgo para Canarias
En este sentido, nacionalistas y populares insisten en que “la reciente propuesta de AENA de incrementar las tasas aeroportuarias hasta un 6,5% a partir de 2026 supone un riesgo evidente para el equilibrio económico y social de Canarias«.
Esta decisión, que aún debe ser evaluada por AENA y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, «amenaza con repercutir directamente sobre el precio de los billetes aéreos, afectando tanto a la movilidad de los residentes como a la competitividad del destino turístico”.
“La movilidad es un derecho básico, y su encarecimiento injustificado puede generar desigualdades estructurales en el acceso a la salud, la educación, el empleo o el ocio. No podemos permitir que, por una decisión técnica con orientación meramente recaudatoria, los canarios y canarias se vean obligados a pagar más por algo que en muchas ocasiones no es una opción, sino una obligación”, sentencian.
