El decreto ley aprobado por el Gobierno de Canarias contempla una veintena de medidas con las que poner en el mercado más vivienda pública y privada
El Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes un decreto ley de medidas urgentes para favorecer el acceso a la vivienda en Canarias. Se trata de una veintena de medidas que pretenden poner en el mercado miles de viviendas públicas y privadas. Con ellas, el Gobierno también entiende que se conseguirá frenar el precio del alquiler y de la compraventa.
Una de las medidas que se llevará a cabo es la apertura antes de verano un concurso para que los propietarios de urbanizaciones y viviendas inacabadas le planteen en qué plazos y condiciones las pueden terminar, con el propósito de seleccionar las mejores opciones e incorporarlas al parque de vivienda pública.
Así lo ha anunciado este lunes el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, al exponer en rueda de prensa algunos de los detalles de este decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda que ha aprobado el Consejo de Gobierno.
Las dos grupos de iniciativas del decreto ley
La nueva norma contiene dos grupos de iniciativas, unas destinadas a incrementar la disponibilidad de suelo y la utilización de edificaciones con destino a vivienda, y otras enfocadas a la promoción e impulso de la construcción de viviendas protegidas.
A través de 30 artículos y varias disposiciones transitorias, adicionales y finales, el decreto aborda todos los aspectos de la oferta de vivienda, ha asegurado Rodríguez tras el Consejo de Gobierno de Canarias de este lunes.
Así, se aborda la disponibilidad de suelo donde construir, facilitando su transformación jurídica y material; la viabilidad de usar como viviendas construcciones y edificaciones ya existentes, incluyendo las no terminadas, y la adecuación de las normas sobre viviendas protegidas para favorecer su rápida construcción y puesta a disposición de los demandantes.
Además, el decreto determina una serie de mandatos que responden al objetivo de aplicación directa y simplificación de los procedimientos, como la reducción de seis a tres meses en el cumplimiento de trámites y procedimientos administrativos.
Ayudas a los agricultores afectados por los incendios de La Palma y Tenerife
Por otro lado, el Gobierno canario ha declarado este lunes formalmente la situación de catástrofe en el sector agrario como consecuencia de los incendios forestales de este verano en La Palma y Tenerife, lo que abre a los afectados la posibilidad de optar a nuevas ayudas públicas.
En un comunicado, el Ejecutivo explica que esta declaración posibilita la convocatoria de ayudas en el marco del Programa de Desarrollo Rural (PDR) dirigidas a la reconstrucción del potencial de producción agrícola dañado por desastres naturales y catástrofes.
De hecho, añade, se establecen medidas de apoyo para reparar y mitigar en la medida de lo posible las pérdidas y daños sufridos. La normativa europea determina que para reconocer oficialmente la situación de catástrofe, se requiere que al menos el 30 % del potencial agrícola haya sido destruido.
Los municipios afectados por sendos incendios
En el caso de La Palma, el incendio afectó a los municipios de Tijarafe, Puntagorda y Los Llanos de Aridane, causando daños en infraestructuras agrarias y cultivos, especialmente en cítricos, aguacates, almendros, hortalizas para autoconsumo, frutales templados y viñedos.
Se estima que el valor de los daños asciende a 678.448 euros, precisa el Gobierno.
A su vez, el incendio forestal de Tenerife afectó a terrenos de Güímar, Arafo, Candelaria, El Rosario, Tacoronte, El Sauzal, La Matanza, La Victoria, Santa Úrsula, La Orotava y Los Realejos, originando daños principalmente en el cultivo del castaño, así como en frutales templados como manzanos, perales y ciruelos, entre otros.
Asimismo, los daños en infraestructuras agrarias incluyen vallados, tuberías, pequeños cuartos de aperos, corrales, zonas de pastos y colmenares, entre otros, con una valoración estimada de 1.037.740 euros.
