El plan incluye medidas de carácter voluntario, así como meras recomendaciones. Sin embargo, hay otras que sí serán obligatorias para las administraciones y el sector privado
El Consejo de Ministros de este lunes ha aprobado un paquete de medidas para la eficiencia y el ahorro energético. Sigue así el camino que recorren todos los países europeos, y el objetivo es reducir el consumo de gas un 7 por ciento.
El paquete de medidas de ahorro energético contempla que edificios administrativos, espacios comerciales así como estaciones de autobús, tren y aeropuertos, entre otros, ajusten sus termostatos para que no queden por debajo de los 27 grados en verano ni superen los 19 grados en invierno.
Según ha explicado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda posterior al Consejo de Ministros de este lunes, las medidas estarán vigentes hasta el 1 de noviembre de 2023 y tendrán que ser puestas en funcionamiento en los siete días siguientes a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Medidas de carácter inmediato
Se trata de medidas de carácter inmediato, ha relatado Ribera, que ha anunciado que en septiembre se presentará el plan de contingencia y ahorro energético, con otras nuevas, para seguir reforzando el ahorro y la eficiencia, el cambio de combustible, las renovables y la solidaridad con Europa.
Las adoptadas este lunes se articulan sobre el reglamento de instalaciones térmicas de edificación y el código de alumbrado, cuya vigilancia corresponde a las comunidades autónomas, los cuales establecen un régimen sancionador «que se aplicaría» en caso de incumplimiento, ha recalcado.
Además de controlar el termostato, se deberán apagar las luces de los escaparates a partir de las 22:00 horas y la iluminación de los espacios públicos cuando no estén en uso, al tiempo que tendrán que tener sus puertas cerradas cuando estén funcionando los sistemas de calefacción o refrigeración.
En cualquier caso, para el próximo 30 de septiembre, estos establecimientos deberían disponer de un sistema de cerrado de puertas.
Revisión de calderas e instalaciones térmicas
El plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización, que busca reducir el consumo en el contexto de la invasión rusa de Ucrania, establece que los recintos públicos deberán revisar calderas e instalaciones térmicas siempre que la última revisión fuera anterior a enero de 2021, informar de las mejoras adoptadas e incorporar termómetros que hagan visible la temperatura.
No obstante, ha explicado la ministra, estas medidas se aplicarán teniendo en cuenta «flexibilidades relevantes», con el objetivo de garantizar «los derechos de los trabajadores, la seguridad laboral y las condiciones térmicas» de ciertos sitios públicos «siempre que quede justificado».
El real decreto también introduce la agilización de las tramitaciones de las redes e infraestructuras eléctricas, reduciendo requisitos, unos de los principales reclamos del sector, al tiempo que se facilita la inyección de gases renovables en la red de gasoductos y se potencian el almacenamiento y el autoconsumo.
En palabras de Ribera, el paquete introduce «medidas muy importantes» en la actual crisis energética que golpea a Europa, donde la «situación es crítica y puede haber un corte de gas por parte de Rusia en cualquier momento».
«Es momento de ser solidarios, de enfatizar la capacidad de reacción frente a un chantaje, poniendo de manifiesto que cualquier presión a un socio de la Unión Europea lo es para todos», ha añadido.
El plan que el Gobierno saca adelante incluye medidas de carácter voluntario, así como meras recomendaciones. Sin embargo, hay otras que sí serán obligatorias para las administraciones y el sector privado.
Así, la Directiva Europea obliga a España a reducir el consumo energético un 7 por ciento. Es por ello por lo que el Gobierno ha incluido en un Real Decreto medidas de obligado cumplimiento para diferentes administraciones, así como el sector privado.
«Sería una conciencia social que cada ciudadano corresponda en colaborar en este plan», declara el abogado Juan Miguel Munguía.
Tras la aprobación en el Consejo de Ministros, el plan también tendrá que ser aprobado en el Congreso de los Diputados.
Estas son todas las medidas energéticas incluidas
– Limitación de los termostatos a un máximo de 19 grados en invierno y a un mínimo de 27 en verano en los edificios administrativos, espacios comerciales, estaciones de autobús, tren y aeropuertos, entre otros, hasta el 1 de noviembre de 2023.
– Obligatoriedad en estos mismos edificios de disponer antes del 30 de septiembre de 2022 de cierres automáticos en las puertas de acceso.
– Obligatoriedad de exhibir en carteles o pantallas las medidas de ahorro en estos edificios hasta el 1 de noviembre de 2023.
– Obligatoriedad de apagar las luces de los escaparates a partir de las 22:00 horas y la iluminación de los espacios públicos cuando no estén en uso hasta el 1 de noviembre de 2023.
– Los inmuebles que hayan pasado la inspección de eficiencia energética antes del 1 de enero de 2021 deberán someterse a una revisión extraordinaria antes del 31 de diciembre.
– Habilitación de la incorporación de los sistemas de almacenamiento al parque de renovables y reducción de los permisos para modernizar las centrales hidroeléctricas.
– Se acepta el cambio de modalidad del autoconsumo cada cuatro meses y se establece un nuevo mecanismo en el caso de que una nueva instalación con derecho a compensación de los excedentes tarde más de dos meses en regularizarse.
– Habilitación de un proceso administrativo para que las instalaciones de producción de gases renovables se puedan conectar a la red de gasoductos de transporte y distribución.
– Nueva línea de ayudas con 100 millones a cargo del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) para la rehabilitación energética de edificios existentes del sector terciario.
– Ampliación con 100 millones adicionales del Programa de eficiencia energética en la industria.
– Lanzamiento de una primera convocatoria con 150 millones para otorgar ayudas a proyectos innovadores de almacenamiento energético hibridados con generación renovable.
– Convocatoria de una nueva subasta de renovables, con 3.300 megavatios (MW) para centrales eólicas y fotovoltaicas.
– Lanzamiento de una consulta previa para actualizar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2023 (PNIEC)
Medidas para el transporte
Transporte ferroviario:
– Aprobación de la gratuidad de los títulos multiviaje de los trenes de servicio público de Cercanías, Rodalies y Media Distancia operados por Renfe entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022.
– Reducción al 50 % del precio de los títulos de los servicios Avant durante el mismo periodo.
– Creación de nuevos abonos en servicios comerciales de alta velocidad.
Por carretera:
– Obligatoriedad de que los contratos firmados con el transportista efectivo se hagan por escrito y reflejen el precio, que siempre deberá ser igual o superior a los costes asumidos por el transportista, que afectará también a los denominados contratos de transporte continuado.
– Nueva línea ayudas directas, igual que el aprobado en marzo, de 450 millones para las empresas de transporte de mercancías y de pasajeros, en función del tipo de vehículo (1.250 euros por camión, 900 euros por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por taxi, VTC o ambulancia).
– Obligación de que el Gobierno presente en seis meses a las Cortes Generales un proyecto ley específico para la subcontratación.
Transporte aéreo:
– Inversión de 150 millones de euros para agilizar los controles aeroportuarios.
– Eliminación de la obligatoriedad de la aplicación de las directrices de operación vinculadas con la pandemia en los aeropuertos.
– Revisión de los precios en los contratos de obra del gestor aeroportuario Aena para evitar posibles retrasos en las inversiones necesarias.
Transporte marítimo:
– Se exime a los ciudadanos ucranianos de las limitaciones en materia de nacionalidad de las dotaciones.
– Se permite a las empresas navieras españolas contratar servicios de seguridad privada que aseguren su protección cuando naveguen por aguas con riesgo de cometerse actos de piratería.
