María Salud Gil denuncia que los problemas de vivienda parten de «un todo» que incluye un «sistema podrido» con «vocación obstruccionista»
La presidenta de la asociación de constructores de la provincia de Las Palmas, María Salud Gil, ha denunciado que los problemas de vivienda parten de «un todo» que incluye un «sistema podrido» con «vocación obstruccionista».
Como ha explicado minutos antes del comienzo del encuentro organizado por Cadena Ser, el sistema «tiene una vocación obstruccionista, de la que incluso está orgullosa» porque «lo que asfixia a la producción de vivienda es la fiscalidad, la mala gestión por parte de las administraciones públicas», que además se ha «encrudecido desde el covid».
Esta situación, advierte, es «de conocimiento general, tanto de la administración pública como de los agentes operadores en el mercado».
La administración «se ha replegado hacia adentro, se oye a sí misma y no escucha lo que los ciudadanos y las empresas tienen que decirle», ya que «no contestan a los escritos, obligan a los ciudadanos a judicializar sus asuntos, las citas previas…», ha desglosado.
Marco normativo
María Salud Gil ha destacado que «hay marco normativo», un proyecto de ley, un decreto del Gobierno de Canarias y un «compromiso» del Ejecutivo regional «de remover los obstáculos» pero «falta lo fundamental: los presupuestos».
Para la presidenta de la asociación de constructores «tiene que haber una verdadera apuesta» porque, como ha valorado, «no nos podemos sentir orgullosos de hacer 30 viviendas en Ingenio y 25 en San Bartolomé o 10 en Teror», sino que hay que construir «12.000 viviendas al año».
Esta es la cifra estimada para que, «de aquí al 2039, tengamos 150.000 viviendas» y paliar un déficit de «casi 8.000 viviendas anuales, en función de cómo crecen los hogares».
De 30.000 a 2.900 viviendas
En Canarias, ha dicho, «hemos pasado de construir 30.000 viviendas en el 2007 a construir 2.900 ahora», por lo que el problema «no es solo el atasco, que lo es» sino también los tiempos, ya que «la transformación de suelo tarda entre 10 y 15 años más otros 5 años en producir las viviendas», lo que supone que «el promotor está 15 años sometido a unos costes de financiación brutal, pero sin obtener el producto final».
Esto es «todo un conjunto» y ese es el motivo del porqué el sector privado no construye vivienda, ya que «no podemos construir viviendas al precio que los ciudadanos las pueden comprar» y esto, adelanta, «puede colapsar al sector en un par de años y puede constituirse en un problema social de primera magnitud».
Debe recuperarse la financiación cualificada, las ayudas a la entrada para la compraventa de viviendas protegidas, movilizar el suelo que está calificado como de protección oficial y poner a disposición de la iniciativa privada el suelo en el ámbito de los ayuntamientos», entre otras cuestiones.
Para la portavoz del sector, estas son cifras y cuestiones que «se saben» y lo que queda es «ponernos a trabajar en vez de filosofar y divagar».
