El acuerdo por Doñana lo han firmado este lunes la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el presidente andaluz, Juanma Moreno
Casi dos años y la celebración de tres elecciones después, la Junta de Andalucía y el Gobierno central han enterrado el ‘hacha de guerra’ que propició una iniciativa que buscaba regularizar regadíos de la Corona Norte de Doñana, en una polémica en la que se han involucrado desde la Unión Europea hasta la Unesco por afectar a Doñana.
Desde que en enero de 2022 se presentara la primera proposición de ley hasta este lunes que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la vicepresidenta Teresa Ribera, han escenificado en Doñana el acuerdo alcanzado, ambas administraciones han mantenido una tensión política e institucional que ha traspasado las fronteras españolas.
El acuerdo se ha firmado en presencia del presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, uno de los científicos más críticos con la presentación de esta norma y más proclive a un acuerdo entre ambas administraciones.
El acuerdo por Doñana firmado este lunes en Almonte (Huelva) por la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, incluye inversiones de 1.400 millones de euros en 14 localidades del entorno.
Así lo han avanzando en rueda de prensa conjunta ambos dirigentes, que han precisado que el Gobierno central aportará 350 millones que se suman a los 356 comprometidos en actuaciones medioambientales hace un año, mientras la Junta aportará 700 millones.
100.000 por hectárea para agricultores que abandonen sus tierras
Además, los agricultores de la Corona Norte de Doñana recibirán una ayuda de 100.000 euros por hectárea que cobrarán en cinco años, a razón de 20.000 euros anuales, a cambio de dejar de cultivar sus tierras y «renaturalizar o reforestar» los suelos.
Así lo ha anunciado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. De esa ayuda de 100.000 euros, ha precisado Moreno, la mayor parte, 70.000 euros, serán aportados por el Gobierno central, mientras la Junta destinará 20.000 euros y la Diputación de Huelva añadirá otros 10.000, en un acuerdo que propiciará la retirada del proyecto de ley de regadíos de la Junta.
Los agricultores que no quieran dejar de cultivar podrán optar también por reconvertir sus explotaciones en cultivos de secano o en producción ecológica, pero en este caso, ha precisado Moreno, las ayudas serán «bastante menores».
