Los siete grupos políticos darían así el ‘visto bueno’ a un proyecto que fija multas de entre 100 y más de 60.000 euros
Los siete grupos políticos con representación en el Parlamento de Canarias han expresado este jueves su unanimidad en aprobar el proyecto ley en el que se establece el régimen sancionador por incumplimiento de las medidas de prevención y contención frente a la COVID-19 en las islas.
El proyecto de ley será aprobado en el pleno del Parlamento regional, en el que se debatirán las enmiendas que se han mantenido a una iniciativa en la que se establece que las sanciones administrativas se dividen en leves, con multas de entre 100 y 3.000 euros; graves, con cuantías que van de 3.001 a 60.000 euros; y muy graves, con sanciones superiores a los 60.000 euros.
Reconocimiento
La conducta ejemplar de la mayoría de la población canaria ha sido destacada por los diputados este jueves durante el debate del proyecto de ley en comisión, pero, han señalado, es preciso sancionar a la minoría que pone en peligro la salud de los demás.
Los sujetos responsables serán las personas físicas o jurídicas que incurran en las acciones u omisiones tipificadas en la futura ley.
También serán responsables los titulares de establecimientos, locales y espacios, así como los organizadores y promotores, de hecho o de derecho, de actividades y eventos de cualquier naturaleza cuando incumplan el deber de informar, instar o prevenir la infracción o cualquier otro deber establecido en la ley o en la normativa o actos dispuestos por la autoridad sanitaria.
Cuando el infractor sea un menor de edad, serán responsables solidarios los padres, tutores acogedores o guardadores legales, en el supuesto de multas pecuniarias.
Más cosas
Asimismo serán responsables las personas físicas o jurídicas prestadoras de los servicios sociales, los titulares y directivos de los establecimientos, hogares, centros y residencias de servicios sociales, en tanto que obligados a disponer de planes de contingencia orientados a la detección precoz de posibles casos entre residentes, visitantes, personal laboral y sus contactos.
En este último caso serán responsables solidarios cuando, por acción u omisión, permitan o toleren la comisión de infracciones por parte de personas residentes, visitantes o usuarios.
En estos casos podrán ejercer las acciones de repetición que correspondan contra los autores materiales de la infracción que ocasione la sanción.
Y serán responsables las personas titulares de los establecimientos, locales y espacios, así como los organizadores y promotores, de hecho o de derecho, de actividades y eventos a quienes se haya impuesto una sanción como consecuencia de la infracción cometida por el personal ocupado o terceras personas que presten servicios contratados.
Visión de los grupos
Desde los grupos del gobierno (Socialista, Sí Podemos Canarias, Agrupación Socialista Gomera y Nueva Canarias), se reconoció la responsabilidad con la que ha actuado la oposición, y así el portavoz de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, destacó que en lugar de «ponerse de perfil» presentó 71 enmiendas.
Por parte de la oposición, el diputado del grupo Popular Carlos Ester indicó que el decreto ley del gobierno regional del que procede este proyecto de ley estaba cargado de contradicciones, repeticiones e incongruencias, e incluso incurrían en inconstitucionalidad, y agregó que con las 41 enmiendas que presentó su formación se pretendía dejar más claras cuestiones como los hechos que pueden llevar a una sanción.
Por ello, el grupo Popular mantiene algunas enmiendas, algunas de ellas para establecer de forma clara qué acciones son leves, graves o muy graves, así como tener en cuenta la reincidencia, y criticó que desde el gobierno regional se descargue la responsabilidad en los ayuntamientos sin aumentar la ayuda económica.
Llega tarde
La diputada del grupo Nacionalista (CC-PNC-AHI) Socorro Beato señaló que este proyecto de ley procede de un decreto ley del gobierno regional que llegó «tarde», por lo que ha sido mejorado en la tramitación parlamentaria, y destacó que en algunos casos era preciso dar seguridad tanto a los ciudadanos como a los gestores de los procedimientos.
Socorro Beato dijo que su grupo presentó 21 enmiendas, de las que se mantienen 14, y mostró su disconformidad con que se admitiese una propuesta para aumentar los medios materiales y personales de las corporaciones locales para llevar a cabo acciones de sanción.
El diputado del grupo Socialista Mauricio Roque aseguró que el gobierno regional no tardó en aprobar el decreto ley que ha dado lugar a este proyecto de ley, y subrayó que todas las instituciones tienen que colaborar.
