Las ayudas para minimizar el impacto de la guerra en Irán en la economía canaria han sido convalidadas aunque con críticas de la oposición en el Parlamento de Canarias
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El pleno del Parlamento de Canarias convalidó por unanimidad el decreto de ayudas destinado a paliar los efectos en el archipiélago de la guerra contra Irán, aunque varios grupos de la oposición lo consideraron insuficiente.
PSOE y Nueva Canarias propusieron tramitar el decreto como proyecto de ley para introducir mejoras, pero la iniciativa fue rechazada. Las medidas, vigentes desde el 8 de abril hasta el 30 de junio, implican un gasto público de 29,8 millones de euros: 15,3 millones aportados por el Gobierno de España y 14,5 millones por el Ejecutivo autonómico. La contribución estatal se negoció para compensar la no aplicación en Canarias de algunas medidas nacionales, como la rebaja del IVA de los combustibles.
La consejera de Hacienda, Matilde Asián, explicó que el coste podría elevarse a 46,7 millones si las ayudas se extendieran hasta 2026 y a 68,9 millones si se prorrogasen durante un año completo. También anunció que, si la crisis se prolonga y el Estado amplía sus apoyos, el Gobierno canario solicitará una compensación anual de 150 millones por la merma recaudatoria en la financiación autonómica, además de pedir que los transportistas del archipiélago accedan al descuento estatal de 0,20 euros por litro de combustible.
Medidas para minimizar el impacto de la guerra
Entre las medidas aprobadas figuran el aumento de 30.000 a 50.000 euros del volumen de operaciones para acogerse a la exención del IGIC en autónomos y pymes, la reducción del 1 % al 0 % del IGIC en productos energéticos y la aplicación de un tipo del 0 % a la sal, la mantequilla y el café. Asimismo, se incrementa la devolución del impuesto sobre combustibles para transportistas profesionales del 67 % al 99 %. El decreto contempla también ayudas directas de 3,6 millones para compensar el aumento de costes en la industria y otros 3,6 millones para el sector primario.
Aunque todos los grupos apoyaron la convalidación, PSOE, Nueva Canarias y Vox criticaron la insuficiencia de las medidas. El socialista Sebastián Franquis denunció el retraso del decreto y reclamó mayor sensibilidad social y refuerzo de la protección a las familias ante el alza de precios. Desde Coalición Canaria, José Miguel Barragán defendió la adecuación de las medidas y subrayó que serán revisadas el 30 de junio. El PP criticó la exclusión de Canarias de medidas estatales y pidió flexibilizar la regla de gasto. Nueva Canarias lamentó la falta de ayudas directas a familias y Vox exigió una rebaja fiscal más profunda y elevar la exención del IGIC a 85.000 euros.
Modificación de la Ley de Costas estatal
El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad pedir una modificación de la Ley de Costas estatal para dar encaje y seguridad jurídica a los núcleos costeros tradicionales y otras instalaciones de interés público en terrenos que han pasado a ser de dominio marítimo-terrestre.
La iniciativa ha partido del PP, que ha aceptado sendas enmiendas del PSOE, en la que se insta al Gobierno de Canarias a agilizar la tramitación de una ley de Costas autonómica, y de los otros grupos que apoyan al ejecutivo, CC, AHI y ASG, donde reclaman el «traspaso efectivo» de las competencias en esta materia por parte del Estado.
En estos dos puntos de la proposición no de ley Vox ha votado en contra, pues antes de «obsesionarse con el autogobierno», lo que debe hacer el Gobierno de Canarias es completar el censo de núcleos costeros e impulsar medidas para las familias afectadas, ha indicado la diputada Paula Jover.
Jennifer Curbelo (PP) ha recalcado en la defensa de su iniciativa que la Ley de Costas estatal, que data de 1988, «no tuvo en cuenta las singularidades costeras del país y en particular de Canarias; dibuja líneas sin criterio, con dientes de sierra injustificados».
Seguridad jurídica de muchos asentamientos
Con lo cual, pone en jaque la seguridad jurídica de muchos de estos asentamientos, varios de los cuales cuentan con órdenes de demolición vigentes.
Ha abundado en que los deslindes definidos en la ley «no se corresponden a una base científica» ni tienen en cuenta «las circunstancias y características de cada zona».
Curbelo ha afirmado que al referirse a estos núcleos «hablamos de nuestra propia identidad, nuestra idiosincrasia, nos definen como pueblo», y que sus habitantes han pasado «años de calvario judicial» porque «cada deslinde, decisión, línea marcada, afecta a una casa y conlleva a un litigio largo y costoso» y a un desgaste personal.
Ha pedido el apoyo del resto de grupos, en especial al PSOE, a cuyos diputados ha pedido que hablen con la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para que «saque de la gaveta» la modificación de la Ley de Costas estatal.
El PSOE remarca la dificultad por la diferencia entre núcleos costeros
Rafael Nogales (PSOE) ha señalado que esta proposición no de ley es «una réplica» de la iniciativa que se tramita en el Congreso, que «no está en la gaveta» sino en el trámite de enmiendas, y ha añadido que las diferencias entre núcleos de las diferentes comunidades «dificulta y ralentiza» el proceso.
El diputado socialista ha hecho hincapié en que Canarias tiene «una gran ventaja», que es tener las competencias trasferidas desde 2023, lo que posibilita impulsar una ley propia, que es «la mejor manera de salvaguardar buena parte de los núcleos».
Ha recordado que en mayo de 2024 se inició el anteproyecto de ley y que, casi dos años después, se dio el primer paso con la publicación de la consulta previa, y ha añadido que ésta «puede ser una oportunidad histórica si se tramita con rigor».
Ha abundado en que «no basta con mirar a Madrid mientras aquí no se haga la tarea pendiente», y ha añadido que Canarias «se merece» que el ejecutivo autonómico «gestione de forma más ágil las trasferencias recibidas».
Nogales ha subrayado que «esto no se resolverá con una declaración de intenciones» y ha rememorado que en 2013, con un Gobierno del PP con mayoría absoluta, se modificó la ley estatal «pero no se modificó nada de los asentamientos costeros».
Traspaso de competencias «de forma errónea»
Jana González (CC) ha explicado que el apoyo de su grupo a la PNL del PP pidiendo una modificación de la ley estatal «no debe afrontarse como una renuncia a la gestión de nuestras competencias».
Ha afirmado que el Gobierno de Canarias ha dado muestras de su «compromiso con la defensa del autogobierno» al crear una Dirección General de Costas y al incluir la petición de la «plena asunción de competencias» en la llamada ‘Agenda Canaria’.
La diputada nacionalista ha afirmado que el traspaso de competencias se hizo «de forma errónea», y que lo que pide el ejecutivo regional es que «no haya interferencias» por parte del Estado y que se respete el Estatuto de Autonomía.
González ha indicado que tras 38 años de vigencia de la ley estatal, ésta necesita modificaciones, «pero sabemos que las respuestas correctas se darán desde el autogobierno».
Necesidad de modificación
Jesús Ramos (ASG) ha convenido en la necesidad de modificar la ley estatal para evitar disfunciones «si seguimos legislando a miles de kilómetros», y también ha defendido que la transferencia de Costas debe ir acompañada de los «medios económicos, materiales y humanos necesarios».
En la misma línea, Raúl Acosta (AHI) ha indicado que «difícilmente se podrá dar una respuesta adecuada sin contar con las herramientas necesarias», y sobre los núcleos costeros canarios ha destacado el valor de incorporar a la PNL la referencia a los valores etnográficos de los mismos.
Carmen Hernández (NC) se ha felicitado porque PP y PSOE hayan coincidido en la necesidad de tocar la ley estatal de Costas, dado que ambos partidos tienen mayoría en las Cortes, con lo cual «hoy salimos de aquí con la tranquilidad de que se puede cambiar, de que hay voluntad política».
Ayudas para celiacos
El pleno del Parlamento de Canarias aprobó también por unanimidad una proposición no de ley promovida por el PSOE para instar al Gobierno regional a adoptar medidas que mitiguen el encarecimiento de la cesta de la compra para personas con enfermedad celíaca. No es la primera iniciativa de este tipo: ya se aprobaron otras en la pasada legislatura y en julio de 2025, impulsadas por ASG y el PP, respectivamente, sin que se hayan materializado medidas. Algunos diputados denunciaron que estas propuestas quedan “metidas en una gaveta”, sin aplicación práctica.
El diputado socialista, Miguel Ángel Pérez del Pino, defendió que las instituciones deben priorizar la salud y la equidad y atender a los miles de afectados. Rechazó una enmienda de Vox que proponía concretar la ayuda mediante una deducción en el tramo autonómico del IRPF para personas celíacas, argumentando que corresponde al Gobierno canario decidir qué medidas son más adecuadas.
Según el proponente, la falta de apoyo público frente al elevado coste de los alimentos sin gluten genera desigualdad económica y sanitaria. Recordó que la enfermedad celíaca es autoinmune y su único tratamiento es seguir una dieta estricta sin gluten de por vida. Este requisito supone un sobrecoste anual cercano a 1.000 euros, ya que productos básicos sin gluten pueden costar hasta cuatro veces más.
Acompañamiento durante la cesárea
El Parlamento canario aprobó por unanimidad reconocer el derecho de las mujeres a estar acompañadas por una persona de su elección durante una cesárea, siempre que las condiciones médicas lo permitan, igual que en los partos sin intervención quirúrgica. La iniciativa, presentada por el PP y defendida por el diputado Jacob Qadri, busca humanizar la atención sanitaria. Según expuso, la evidencia científica indica que el acompañamiento reduce la ansiedad materna, favorece el vínculo temprano con el bebé, mejora la recuperación y fomenta la corresponsabilidad familiar.
La propuesta plantea crear un protocolo autonómico común que regule el acompañamiento en cesáreas sin comprometer la seguridad quirúrgica. Qadri aceptó enmiendas del PSOE, defendidas por la diputada Elena Máñez, orientadas a prevenir la violencia obstétrica y a garantizar el consentimiento informado, de modo que la madre pueda decidir libremente.
La proposición no de ley establece criterios sobre la presencia del acompañante en quirófano, medidas de asepsia, contacto piel con piel inmediato, participación en los cuidados del recién nacido y adecuada información a la paciente. Además, el Parlamento insta a asegurar recursos suficientes y formación del personal sanitario para aplicar estas medidas en todos los hospitales del archipiélago en condiciones de igualdad.
Día de las Ciencias Canarias
El pleno del Parlamento de Canarias ha respaldado de forma unánime solicitar al Gobierno regional que declare el 10 de diciembre como Día de las Ciencias de Canarias en reconocimiento a la figura de Blas Cabrera, uno de los pioneros de la física cuántica en el ámbito internacional.
La iniciativa de CC, que ha contado con el respaldo del resto de grupos, haría coincidir, de llevarla a la práctica el Gobierno de Canarias, esta efemérides con la gala de entrega de los Premios Nobel, a los que Cabrera estuvo nominado en dos ocasiones, en 1910 y 1930.
Nacido en Lanzarote en 1878 y fallecido en el exilio republicano en México, en 1945, Blas Cabrera llegó a formar parte de la élite de la ciencia europea junto a sus colegas Albert Einstein, Marie Curie, Niels Bohr y Erwin Schrödinger, entre otros científicos que pusieron las bases de la ciencia y tecnología actuales, desde la física atómica a la nanotecnología.
