El Ministerio Público reclama la retirada del pasaporte y comparecencias quincenales ante el juzgado para el empresario y el exjefe municipal
El Juzgado de Instrucción acogió una nueva vista sobre la presunta trama corrupta en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La Fiscalía Anticorrupción solicitó medidas cautelares contra el exjefe de Parques y Jardines y un empresario local por el posible inflado de facturas hídricas.
Miguel Ángel Padrón y Felipe Guerra acudieron esta mañana a la sede judicial de la capital grancanaria. Los dos investigados decidieron acogerse nuevamente a su derecho constitucional a no prestar declaración ante las preguntas formuladas. Esta estrategia de defensa mantiene la incógnita sobre su participación en la gestión del agua para los jardines municipales.
Aún no se ha dictado el auto
El juez instructor todavía no ha dictado el auto para resolver las peticiones de control judicial. La Fiscalía considera necesaria la comparecencia de los acusados cada quince días en dependencias del juzgado. Asimismo, el Ministerio Público exige la entrega inmediata de sus pasaportes para evitar cualquier riesgo de fuga al extranjero.
Por el momento, los implicados abandonaron el edificio judicial a la espera de la resolución del magistrado. La defensa de los acusados espera que el tribunal rechace las medidas cautelares por falta de pruebas concluyentes. El proceso continúa su curso mientras los agentes analizan la documentación financiera intervenida en registros previos.
Investigación por corrupción
Esta pieza separada del ‘Caso Valka’ busca aclarar si el Ayuntamiento pagó sobrecostes sistemáticos por el suministro de agua. Las autoridades sospechan que los implicados inflaron las facturas destinadas al riego de Parques y Jardines de forma fraudulenta. Los investigadores cifran en cantidades importantes el posible desvío de dinero público hacia intereses privados.
La investigación incluye delitos graves como el cohecho, la malversación de fondos públicos y el blanqueo de capitales. El exjefe del servicio municipal habría facilitado presuntamente la aprobación de estos pagos irregulares al empresario. Por consiguiente, la Policía Judicial examina ahora todos los contratos firmados durante el periodo bajo sospecha.
Además, los agentes revisan si existió una red de influencias para beneficiar a empresas específicas del sector. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria colabora con la justicia para depurar cualquier responsabilidad administrativa interna. Las próximas semanas serán clave para determinar el alcance total de esta presunta trama de corrupción municipal.
