El tribunal confirma la ilegalidad de los cobros realizados durante su etapa como consejero de Sanidad y lo condena en costas
La justicia ha desestimado íntegramente la demanda presentada por Juan Manuel Sosa contra el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote, y ha ratificado que deberá devolver los 300.000 euros cobrados indebidamente durante su etapa como consejero de Sanidad en el mandato presidido por Mª Dolores Corujo. La sentencia, fechada el pasado 30 de julio, condena además a Sosa al pago de las costas del procedimiento.
El fallo judicial respalda la validez de las resoluciones dictadas por el Gobierno autonómico y los informes del Consejo Consultivo de Canarias, que determinaron la ilegalidad de los cobros realizados por Sosa. Estas resoluciones fueron cuestionadas por el exconsejero mediante una demanda con la que pretendía anular su obligación de reintegrar los fondos percibidos.
La justicia reafirma las denuncias de Coalición Canaria
La decisión judicial reafirma las denuncias planteadas por Coalición Canaria desde el inicio del caso, al sostener que Sosa no tenía derecho a esos ingresos. La organización política celebró el resultado del proceso, señalando que la sentencia confirma la improcedencia de los cobros realizados durante su permanencia en el grupo de gobierno insular tras abandonar la formación.
Además, la sentencia contradice las afirmaciones del entonces consejero regional de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, quien había defendido en sede parlamentaria la legalidad de los pagos. El tribunal, por el contrario, ratifica la nulidad de las resoluciones que permitieron dichos ingresos y niega que existiera derecho a percibirlos.
Juan Manuel Sosa asegura que recurrirá esta sentencia. Por su parte, Coalición Canaria ha celebrado la decisión judicial y se congratula de que la justicia «haya dado la razón» a la formación.
