Sube también el número de juicios pendientes. Un 11% más que el año pasado
Los 211 órganos judiciales de las islas registraron en 2022 un 6 % más de asuntos que en el año anterior y resolvieron un 1,6 % más, con un incremento especialmente importante en el orden Civil, con un 14 % más. Así lo avala la Memoria Judicial de Canarias, que volvió a liderar la tasa de litigiosidad en España, con 181 asuntos por 1.000 habitantes.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo Bragado, ha presentado este viernes la memoria y ha destacado también que pese al incremento en las resoluciones aún quedaron un 11 % más de asuntos por resolver que en 2021.
Lorenzo ha subrayado que el pasado año las islas mantuvieron su condición de comunidad con mayor tasa de litigiosidad por tercer año consecutivo, si bien en cuanto sentencias dictadas se logró la media más alta, 347 por órgano, frente a las 306 del conjunto de la nación.
Jurisdicción Civil
La jurisdicción Civil registró un mayor incremento en la entrada de asuntos, con un 14 % más; en Penal, se mantuvo más o menos igual, pero la pendencia aumentó un 6 %; en lo Social, se elevó casi un 12 %; y en lo Contencioso Administrativo bajó un 16 %, en la única especialidad donde no se incrementó la pendencia.
Lorenzo ha destacado que los 12,3 millones de turistas extranjeros que recibieron las islas el pasado año debería obligar a replantearse sobre qué parámetros se deben dimensionar las necesidades de la administración de Justicia en Canarias.
Sobre el aumento de asuntos en la jurisdicción Civil, ha explicado que ello se debe, sobre todo, al aumento de reclamaciones relacionadas con el derecho del consumidor por acciones relacionadas con las tarjetas de crédito, entre otras, así como reclamaciones por impagos de cantidades que han elevado los juicios monitorios (los relativos al cobro de deudas).
El presidente del TSJC ha valorado el hecho de que en el archipiélago el índice de confirmaciones de resoluciones por parte del Tribunal Supremo fue casi de un 92 % el pasado año.
Además, ha considerado positivo que el tiempo de espera de los ciudadanos por las resoluciones judiciales, sin ser óptimo y «manifiestamente mejorable», en los juzgados de Primera Instancia fue de cinco meses, cuando la media nacional se situó en seis, aunque ha advertido la sobrecarga de trabajo impide una respuesta adecuada en el resto de órganos.
