El riesgo de pobreza y exclusión social baja hasta el 31,2 %, casi siete puntos menos
Elisabet Santana, directora general de Servicios Sociales e Inmigración, ha afirmado que unas 82.000 personas han dejado de encontrarse en riesgo de pobreza o exclusión social en esta legislatura. Dice que sin las prestaciones sociales la pobreza afectaría a la mitad de la población, según datos de EAPN Canarias.
El indicador AROPE de Canarias sitúa la tasa de pobreza en el 31,2 %, cuando al principio de la legislatura estaba en el 38 %. Por otra parte, la Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida del Istac sitúa en el 17,6 % el porcentaje de población por debajo del umbral de riesgo de pobreza, frente al 20,5 % de 2022. Datos que ha aportado Santana en la comisión del Parlamento de Canarias que estudia la pobreza infantil.
La directora general ha indicado que esta evolución positiva se debe a la combinación de «empleo, pensiones, prestaciones y transferencias públicas».
«La pobreza infantil no constituye una realidad aislada»
De hecho, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Canarias considera que sin todo ello «la pobreza afectaría a casi la mitad de la población canaria», ha subrayado Santana.
Elisabet Santana ha puntualizado que la pobreza infantil no constituye una realidad aislada de las condiciones económicas y sociales de las familias. Por ello que debe abordarse desde los servicios sociales, el empleo, la educación, la vivienda, la salud, la fiscalidad y las políticas de igualdad y cuidado.
Ha explicado que su dirección general la aborda a partir de la garantía de ingresos, la renta canaria de ciudadanía, los itinerarios de inclusión, el fortalecimiento de los servicios sociales municipales, la coordinación con los ayuntamientos, etc.
«El gasto por habitante destinado a servicios sociales pasa a 724 euros en 2024»
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha confirmado que en Canarias ha habido «una transformación estructural del sistema de los servicios sociales». Esto ha llevado a Canarias a convertirse en «la cuarta comunidad autónoma con mejor desarrollo de sus servicios sociales».
«El gasto por habitante destinado a servicios sociales pasa de 619 euros en 2023 a 724 euros en 2024» mientras que la media estatal está en 575,06 euros por habitante.
Además, las rentas mínimas de inserción en Canarias representan el 17 % de la renta media, frente al 14 % del resto del Estado.
Santana ha explicado que la renta canaria de ciudadanía, que perciben 11.341 familias, es la principal herramienta autonómica de garantía de ingresos e inclusión social. Y señala que el reconocimiento tarda unos cuatro meses cuando el expediente está correctamente documentado.
«Los itinerarios de inclusión son fundamentales»
Desde la entrada en vigor de esta prestación se han tramitado 37.841 expedientes y se han resuelto 30.747, de los que 19.445 solicitudes son nuevas de reconocimiento.
El 34,46 % fueron denegadas por no reunir los requisitos, entre otras causas, por disponer de otros ingresos o prestaciones suficientes.
A esta protección se añade el complemento autonómico de los 400 euros para las personas perceptoras de las pensiones no contributivas. Estas dos prestaciones juntas «forman parte del escudo social que sostiene los ingresos familiares y reducen el impacto de la vulnerabilidad», ha indicado.
Santana ha subrayado que no solo las prestaciones, sino los itinerarios de inclusión son fundamentales. Hasta marzo de 2026, 577 expedientes se habían extinguido por incorporación laboral y otros 550 titulares solicitaron la revisión de su prestación tras iniciar una actividad laboral.
«Nuestra visión no es asistencialista, sino integradora, protegemos mientras existe necesidad y acompañamos para recuperar autonomía», ha asegurado.
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En cuanto a las demandas para la puesta en marcha de los complementos de vivienda y educación que contempla la Ley de la Renta Canaria de Ciudadanía, ha afirmado que «continúan siendo objeto de análisis técnico y presupuestario».
Respecto al fortalecimiento de los servicios sociales municipales, ha destacado que el plan concertado con los ayuntamientos supone este año 97 millones de euros. Y esto permite atender a unas 450.000 personas.
La simplificación burocrática y la estabilidad financiera de las entidades sociales son otros asuntos en los que se ha avanzado y se continúa trabajando, ha indicado Santana.
«En 2026 destinamos 23 millones de euros a las entidades del tercer sector, que permiten financiar 236 proyectos de inclusión social y atender a 261.000 personas», ha señalado.
«Nuestro objetivo es que cada familia reciba protección, acompañamiento para superar sus dificultades y oportunidades reales para que sus hijos y sus hijas no hereden nunca la pobreza», ha concluido la directora general.
