El objetivo del uso de combustibles sostenibles como el SAFT, es reducir las emisiones de dióxido de carbono
La Eurocámara aprobó hace unos días la reforma del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE) para la aviación comercial, que busca la implantación del uso de combustibles sostenibles en el sector aéreo. La denominada tasa verde, el impuesto al queroseno para estos vuelos, será impuesta en los trayectos internacionales.
En este sentido, el combustible sostenible de aviación, el SAFT, se fabrica con residuos agrícolas o aceites de cocina usados, siendo capaz de reducir hasta en un 90% las emisiones de dióxido de carbono.
Sin embargo, la directora de sostenibilidad de Iberia, Teresa Parejo, señala que hay un problema, «la insuficiente producción de este combustible sostenible, donde se estima que la producción actual mundial es del 0,1% de lo que se necesitaría».
Así, la Unión Europea plantea combinar el queroseno con combustible sostenible en un 2% para 2025, y hasta el 70% para 2050. No obstante, ya se hacen vuelos usando al 100% esta energía limpia. «Ya se ha certificado el uso al 50% de la mezcla de SAFT en los aviones actuales y, proximamente, estarán certificados al 100%», añade Parejo.
Por su parte, Álvaro Macarro, responsable de sostenibilidad en Cepsa, explica que estos combustibles sostenibles tienen «unas propiedades químicas muy parecidas al combustible convencional, y cumplen con las mismas especificaciones. Por tanto, no hay que hacer ningún tipo de modificación ni en las motorizaciones de los aviones ni en las infraestructuras aeroportuarias».
En el caso de Canarias, los vuelos internacionales al archipiélago no tendrían que pagar la tasa verde si utilizan el combustible sostenible SAFT.
Diferencia entre un impuesto y tasa ecológica
Aunque los términos se usan a veces indistintamente, cabe distinguir entre impuesto y tasa ecológica. Mientras el impuesto se aplica a quien contamina, para reducir o impedir emisiones que dañen efectivamente el ambiente, la tasa, en cambio, tiende a la cobertura de costos de un servicio público relativo a bienes ambientales.
