Ya se han realizado medio centenar de analíticas que han dado un resultado positivo a la calidad de las aguas de Playa Jardín
La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, ha indicado este viernes que desde febrero el área de Salud Pública ha realizado medio centenar de analíticas –a razón de dos por semana– que dan un ‘aprobado’ a la calidad de las aguas de Playa Jardín, en Puerto de la Cruz.
En respuesta a una pregunta del Grupo Socialista en comisión parlamentaria ha afirmado, no obstante, que se sigue «analizando» la situación y se está a la espera del informe definitivo de salud pública para abrir la playa que tanto el Ayuntamiento como el Cabildo de Tenerife ven inminente.
La consejera ha apuntado que «la seguridad está por encima de todo» y por ello ha mantenido una «coordinación» con ambas corporaciones locales y el Consejo Insular de Aguas para subsanar el problema «a la mayor brevedad posible».
Trabajo de vigilancia sanitaria
Ha destacado el «riguroso» trabajo de vigilancia sanitaria de las zonas de baño que realizan los inspectores de salud pública, con visitas periódicas para poder comprobar el estado visual de la arena y del agua, más aceites, minerales, maderas, medusas o escombros, y ha recordado como en 2022 se dio aviso al Ayuntamiento porque el agua tenía «un nivel muy cerquita al insuficiente», no se hicieron las actuaciones necesarias y finalmente se decretó el cierre de la playa.
A partir de ahí ha destacado que el Cabildo y el Ayuntamiento han acometido una inversión de 28 millones de euros para solucionar los problemas del emisario, la depuradora comarcal y el alcantarillado, situando el origen del problema en las «fisuras» del emisario de Punta Brava, lo mismo que un 30 por ciento de los residuos que llegan al mar que estaban relacionados con algunas viviendas que no estaban conectadas a la red de alcantarillado.
Tamara Raya (PSOE) ha indicado que su grupo tiene aún «muchas preguntas» ante el anuncio de la apertura de la playa antes de que finalice este mes, ha recordado que la Fiscalía de Medio Ambiente abrió diligencias por contaminación y que entiende que «nunca» se autorizaría la apertura si no se contara con el visto bueno de Salud Pública.
