La operación policial permitió recuperar 17.300 kilos de material y destapar una presunta trama dedicada al robo y comercialización ilegal de cobre
La Policía Nacional ha detenido a once personas por su presunta implicación en el robo de cableado de cobre a una empresa de telecomunicaciones de Tenerife, en una operación en la que se localizaron 17.300 kilogramos de este material en las instalaciones de una compañía presuntamente relacionada con los hechos.
La investigación se inició tras la denuncia presentada por una empresa de telecomunicaciones ubicada en Santa Cruz de Tenerife, dedicada a la instalación y mantenimiento de la red de comunicaciones de la isla, que alertó de la presencia de varios individuos realizando extracciones de cable de cobre sin autorización, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.
El valor del cable sustraído supera los 111.000 euros
El inventario efectuado por la compañía permitió comprobar la desaparición de 3.402,3 metros de cableado, con un peso de 15.421 kilogramos y un valor económico estimado de 111.772,32 euros.
Las pesquisas, desarrolladas por el Grupo de Investigación de Delitos contra el Patrimonio del Distrito Norte de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife, permitieron localizar a la empresa presuntamente responsable de los hechos.
En las inmediaciones de sus instalaciones, los agentes intervinieron un total de 17.300 kilogramos de cobre, además de facturas y justificantes de compra de cableado expedidos a nombre de otra empresa con sede en Barcelona.
Las investigaciones permitieron identificar a catorce personas presuntamente implicadas, la mayoría residentes en Cataluña, por lo que se solicitó la colaboración de la Jefatura Superior de Policía de esa comunidad autónoma.
Los agentes localizaron y detuvieron finalmente a once de los investigados en la provincia catalana.
A los arrestados se les atribuyen presuntos delitos de robo con fuerza, daños, estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo u organización criminal.
Tras su detención, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó la prohibición de salida del territorio español mientras se resuelve la causa.
