La Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a once años de inhabilitación al exalcalde de Antigua (Fuerteventura), Juan José Cazorla, y a su jefa de gabinete de prensa, E., por un delito de prevaricación administrativa el primero y cooperadora necesaria la segunda.
La sentencia ha considerado probado que entre los años 2015 y 2017, prevaliéndose de su cargo, el primer edil adjudicó irregularmente de forma continuada la prestación de los servicios de prensa y comunicación para el Ayuntamiento a su jefa de prensa. Precisamente ésta emitió facturas mensuales con cargo a la Corporación local por un importe de 1.900 euros más 133 euros de IGIC.
Además, la Sala ha comprobado que el 5 de febrero de 2016, el alcalde, con la intención de favorecer a E. y sabiendo que no cumplía las condiciones para un contrato menor, dictó una providencia en la que se recogía la necesidad de contratar un servicio de comunicación diario con el objetivo de transmitir a los ciudadanos una información clara y actualizada de la labor del Ayuntamiento con un coste fijado en 1.900 euros más 133 euros de IGIC, el mismo que la mujer había estado recibiendo desde julio de 2015.
Por su parte, a esta oferta se presentaron otras dos profesionales, cuyas propuestas, que no se ajustaban en cuantía ni duración, no tenían el sello de entrada en el registro del Consistorio mientras que la propuesta de E. tampoco cuenta con dicho sello.
La Sala ha señalado que el importe global de las adjudicaciones a la acusada durante estos años asciende a 47.000 euros, «habiendo realizado el encausado las adjudicaciones en su condición de alcalde al margen de los procedimientos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público».
