Estas dos organizaciones criminales de tráfico de migrantes cobraban una media de 3.000 euros a cada persona para poder ocupar una patera
La Policía Nacional ha desarticulado dos organizaciones criminales interconectadas dedicadas al tráfico de migrantes entre Marruecos y Canarias. Los líderes de las organizaciones son los presuntos responsables de la llegada de 204 migrantes marroquíes en seis pateras a las costas de Lanzarote (5) y Fuerteventura (1).
La red criminal cobraba a cada migrante una media de 3.000 euros por lo que se estima un beneficio para la organización de unos 612.000 euros. Los ocho arrestos se han llevado a cabo en la localidad canaria de las provincias de Las Palmas (4), Murcia (2), Cádiz (1) y Vizcaya (1), todos ellos por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, pertenencia a organización criminal y falsedad documental. Tres de los arrestados permanecen en prisión provisional.
Las dos organizaciones criminales estaban perfectamente estructuradas y conectadas entre sí. Ambas operaban desde el litoral marroquí hasta las Canarias.
204 inmigrantes trasladados
Las indagaciones de los agentes permitieron determinar tanto el modus operandi de las organizaciones como los roles desempeñados por sus integrantes, quiénes eran los líderes, las rutas empleadas, puntos de salida y cantidades que se les cobraba a los migrantes por llevarles en patera hasta España.
Los líderes de las organizaciones eran responsables de la llegada de seis pateras a las islas de Lanzarote y Fuerteventura. En ellas habían trasladado a 204 migrantes marroquíes.
Beneficios de más de 600.000 euros
Los investigadores también pudieron averiguar que la red criminal cobraba a cada migrante una media de 3.000 euros. En un principio solicitaban 4.000 euros y si no tenían suficientes migrantes para que la patera fuera al completo, bajaban a 2.500 euros. Con el número de pateras y migrantes trasladados conocidos por los agentes, se ha estimado un beneficio de más de 600.000 euros.
Una vez que los agentes reunieron todas las pruebas, para desarticular las organizaciones se diseñó un dispositivo en varias provincias en el que participaron casi 100 agentes de policía. Durante la operación se efectuaron tres entradas y registros en los domicilios de los líderes de las organizaciones, en concreto en Sotogrande (Cádiz), Lorquí (Murcia) y Lanzarote (Las Palmas). En los registros se intervinieron numerosos dispositivos de almacenamiento de información. También se intervino documentación relativa a las transacciones económicas para costear el viaje en las pateras.
Los ocho arrestados durante la investigación pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.
