El sector primario canario pide medidas «urgentes» a las administraciones públicas que puedan salvar las explotaciones de las islas
Las organizaciones profesionales del sector primario (OPAS) Asaga, COAG Canarias, UPA, PALCA y AGATE han criticado este miércoles la «inacción» de las administraciones públicas del archipiélago, especialmente cabildos y ayuntamientos, para resolver la crisis del sector primario.
«El campo no aguanta más, estamos desfasados en ayudas y precios y marginados por la entrada de otros productos de terceros países. No podemos competir, es un abuso desesperante», ha señalado Jorge Pelayo, secretario de Organización de UPA.
Las entidades afectadas no descartan volver a retomar las movilizaciones en las calles y ponen el foco en las próximas elecciones europeas para que tomen medidas «urgentes» que puedan salvar a las explotaciones de las islas.
Así, han planteado a las instituciones canarias un conjunto de hasta diez demandas entre las que se encuentran que se garantice el consumo de agua para los agricultores; que se actualice la ficha del Posei; flexibilizar la transición hacia la PAC; abonar el POSEI adicional o exigir el cumplimiento de las ‘cláusulas espejo’ para los productos de terceros países.
Igualmente solicitan que se simplifique la burocracia administrativa; se paralice la apertura de la ruta marítima Fuerteventura-Tarfaya; el aumento de las inspecciones y el cumplimiento de la ley de cadena alimentaria; una mayor vinculación del turismo con la agricultura y que se tomen medidas para garantizar el relevo generacional.
Cuestionamiento al papel de las administraciones
El secretario general de Asaga, Theo Hernando, ha cuestionado el papel de las administraciones, que ponen un «muro» a la tramitación de los expedientes, con licencias que se demoran hasta tres años, al tiempo que ha advertido de que a los productores canarios se les está «sacando del mercado».
Ha tildado de «decepcionante» el papel de las instituciones a raíz de las movilizaciones de hace algunos meses, lo que ha generado «incertidumbre y desánimo» entre los agricultores, algunos incluso perdiendo subvenciones porque las licencias de obras no se conceden.
En ese sentido ha pedido a los ayuntamientos que se mancomunen o busquen recursos en otras administraciones para agilizar la tramitación burocrática, que aumente el peso del consumo de productos locales en turismo o que se fomente el relevo generacional dado que en la próxima década se va a jubilar el 56% de los agricultores, lo que conllevará una pérdida de producción del 40%.
«Compromisos firmes»
Miguel López, secretario general de COAG en Tenerife, ha criticado que la ficha del POSEI no se actualiza desde 2006 cuando los costes se han incrementado y no entiende que no haya recursos económicos suficientes debido a la paralización de los Presupuestos Generales del Estado.
Ha demandado «compromisos certeros y firmes» y que se acabe con los «pasos retóricos», poniendo como ejemplo que están «sorprendidos» con la declaración de emergencia hídrica en Tenerife, que incluye subida del precio del agua.
Ha advertido de que «la gente está al límite» y en cualquier momento «se puede liar» desde el punto de vista social dado que hay un problema de renta económica en el campo que no cubre el POSEI, ya que son ayudas a la comercialización. «Si no comercializas no recibes ayuda», ha agregado.
Ley de aguas
Sergio Rodríguez, portavoz de PALCA, ha apuntado que la crisis hídrica «es uno de los problemas más graves» de las islas, con un «desastre» en Lanzarote y Fuerteventura, «y la culpa es de los políticos» que «no han hecho nada» en los últimos 30 años.
Ha advertido de «problema grave» en La Palma este verano y ha criticado la apuesta del Cabildo de Tenerife por las desaladoras cuando hay permisos pendientes en el Consejo Insular de Aguas para buscar y explotar nuevas galerías.
En esa línea ha pedido más apoyo para los propietarios privados de agua, que son «aguamangantes», que se inicien las obras pendientes de forma «urgente» y se trabaje para corregir la pérdida de agua de la red, que en algunos ayuntamientos supera el 50%.
«O se aplica de la ley de aguas o se va a romper la baraja», ha advertido, subrayando que en el contexto actual la prioridad del servicio debe ser la población y después la agricultura, dejando para el final el ocio y el turismo. «No veo que a hoteles y campos de golf se les vaya a restringir», ha explicado.
