El Gobierno asegura que el «defecto de forma» se resuelve publicando íntegramente en el boletín oficial de la comunidad autónoma, algo que se hará «inmediatamente»
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha suspendido cautelarmente el catálogo de vestigios franquistas. Un catálogo aprobado por el Gobierno de Canarias para proponer a los ayuntamientos qué elementos conviene retirar de sus calles por rendir homenaje a la dictadura. Lo hace por no haberlo publicado en un boletín oficial, lo que entiende que le priva de eficacia jurídica.
El catálogo, que desarrolla las leyes de Memoria Histórica de 2007 y de Memoria Democrática de 2022, había sido criticado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. El equipo de gobierno (Coalición Canaria-PP) entendía como un agravio que ese listado de calles, monumentos y recuerdos asociados a la Guerra Civil y al franquismo solo incluyera por el momento elementos situados en su ciudad, pero no en otros municipios.
A ello, la Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias (gestionada por Unidas Podemos) venía respondiendo hasta ahora que los catálogos se van publicando conforme se terminan los trabajos encargados a los expertos. De modo que se había aprobado el Santa Cruz y se trabaja, entre otros, en el de Las Palmas de Gran Canaria.
El asunto llegó a la Justicia de mano de la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces
Sin embargo, el asunto no ha llegado a la Justicia de la mano del Consistorio, sino de un colectivo particular. Ha sido la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces. La misma que defendía en los tribunales de Madrid que se retirara el nombre de una calle al presidente del Gobierno de la República Francisco Largo Caballero.
El TSJC no entra en el debate de fondo. Es decir si procede o no retirar vestigios del franquismo y señalar previamente cuáles con un catálogo. No lo hace porque aprecia un defecto de forma tan «ostensible» que le lleva a suspender el catálogo hasta que se resuelta el recurso. Ese defecto consiste en que el Ejecutivo publicó la orden de aprobación del catálogo en el boletín oficial correspondiente, pero no hizo lo mismo con el propio documento.
Tan solo incluyó un enlace una página web oficial donde se podía consultar su contenido. Es lo que detalla el auto que adelanta el diario El Día y al que ha tenido acceso EFE.
A juicio de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, ello le priva de eficacia jurídica. Porque «la publicación de toda decisión administrativa debe ser íntegra y en el boletín oficial que corresponda». Sin que quepa suplir ese trámite por la remisión a una página web, «cuyo contenido, además, podría ser variado por el departamento administrativo que tiene control sobre la misma».
«Siendo tan clara la causa la causa de suspensión, sería irreparable permitir la aplicación de la disposición recurrida». «Pues no sería reparable que un tribunal de justicia hubiera permitido la eficacia de una norma que de manera tan ostensible carece de ella». Es lo que razona el magistrado ponente del auto, Evaristo González. Lo firma en la «Muy Leal, Noble, Invicta y Muy Benéfica Ciudad, Puerto y Plaza de Santa Cruz de Santiago de Tenerife».
El Gobierno dice que la publicación en el BOC «se hará inmediatamente»
El Gobierno de Canarias entiende que el defecto de forma apreciado por la Sala «se resuelve publicando íntegramente» en el boletín oficial de la comunidad autónoma (BOC), el catálogo de vestigios franquistas, lo que «se hará inmediatamente». Así lo han señalado fuentes del Ejecutivo autonómico (PSOE, NC, Podemos y ASG).
Este ese el segundo revés que el Gobierno canario sufre en el TSJC este año en su intento por desmantelar los recuerdos más significativos de la dictadura que permanecen aún en las islas.
En enero, la misma Sala que ha suspendido el catálogo acordó proteger de manera cautelar el monumento de homenaje a Franco erigido en el centro de Santa Cruz de Tenerife (una escultura de Juan de Ávalos). Eso hasta que se resuelva el recurso presentado por una asociación contra la decisión del Cabildo de no declararlo bien de interés cultural.
En este caso, el colectivo que logró la protección temporal del monumento fue la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel.
