Insta al Gobierno a colaborar con el CGPJ y la Fecam para que se incluya a las personas vulnerables afectadas por desahucio en los programas de vivienda social
El Parlamento autonómico ha instado este miércoles al Gobierno canario a colaborar con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) para que se incluya a las personas vulnerables afectadas por un desahucio en los programas de vivienda social.
La iniciativa parte de una proposición no de ley presentada por el grupo Nacionalista Canario. Una iniciativa que han respaldado el resto de formaciones de la Cámara regional . Eso después de que su proponente, la diputada Socorro Beato, aceptara una enmienda transaccional promovida por los grupos que sustentan el Gobierno.
De esta manera la Cámara pide que el Gobierno autonómico promueva un convenio de colaboración con el CGPJ y la Fecam. Un convenio para detectar supuestos de vulnerabilidad en caso de lanzamiento de una vivienda familiar, así como otras medidas de carácter social.
Además pide que en dicho convenio se establezca un protocolo de actuación entre las partes. Para que cuando se detecte una situación de especial vulnerabilidad o exclusión social ante un desahucio derivado de un procedimiento de ejecución hipotecaria o por falta de pago de la renta, la autoridad judicial lo comunique al organismo competente del Gobierno de Canarias.
Así, si se cumplen los requisitos exigidos, las personas afectadas podrán ser incluidas en los programas de vivienda social gestionados por el Instituto Canario de Vivienda o Visocan.
La crisis y la covid han acentuado los problemas para muchas familias
La diputada nacionalista Socorro Beato ha argumentado en la defensa de su iniciativa que la crisis económica y social derivada del impacto de la covid en las familias ha acentuado los efectos de la anterior crisis económica y financiera en la vivienda. Eso ha dado lugar al incremento de los desahucios. También de los lanzamientos judiciales y de los procedimientos de ejecución, poniendo a las familias en grave riesgo de exclusión social.
Con esta iniciativa se pretende que Canarias formalice un convenio con el CGPJ para la detección temprana de supuestos de vulnerabilidad derivados de lanzamientos y desahucios. También articular un protocolo de coordinación entre el poder judicial, el Gobierno regional y la Fecam que permita el auxilio y el apoyo de las familias afectadas, ha indicado.
La diputada de Agrupación Socialista Gomera Melodie Mendoza ha considerado que la medida es muy oportuna. Ha agradecido el talante negociador de Beato con el que se evidencia, ha dicho, que en los grandes asuntos las fuerzas del Parlamento llegan a acuerdos para sacar adelante grandes iniciativas.
María del Río, de Sí Podemos Canarias, ha apuntado que toca exigir a los bancos «que apenquen» y pongan a disposición las viviendas que poseen. Ha advertido de que de nada sirve que los ayuntamientos busquen inmuebles para los más vulnerables si luego no encuentran viviendas vacías en su localidad.
«Propuesta oportuna»
Por Nueva Canarias Carmen Hernández ha afirmado que la propuesta es oportuna. Que ahonda en la preocupación acerca de una situación, la del aumento de lanzamientos y desahucios, que genera un drama social. Ha recordado que ya existe una propuesta de convenio con el CGPJ de cuando era titular de Derechos Sociales la socialista Patricia Hernández.
Por ello la parlamentaria del PSOE Pino González ha apuntado que respalda la propuesta de CC. Sin embargo también se pregunta qué hizo dicho partido para evitar que se lanzase «a canarios a la calle». También por qué no impulsó el convenio ideado por Patricia Hernández, para añadir que el actual Ejecutivo canario ha conseguido evitar 538 desahucios.
Vidina Espino, del grupo Mixto, ha argumentado que los desahucios «se han disparado en un 55 por ciento» en 2021 y 2.763 familias han perdido sus hogares en Canarias. Ha apoyado el que se activen mecanismos de protección antes de que se produzca esta situación. También que se busquen alternativas de vivienda antes de que los afectados tengan que abandonar sus casas.
Para la popular Astrid Pérez, esta situación es consecuencia «de la desastrosa» gestión económica del Gobierno que presidió José Luis Rodríguez Zapatero. Ha advertido de que muchas veces no se tiene en cuenta que también el arrendador de una vivienda ha entrado en situación de vulnerabilidad.
