Abiertas cuatro macroinvestigaciones por estafar con criptomonedas. Canarias es una de las comunidades con más denuncias
La Audiencia Nacional mantiene abiertas cuatro macroinvestigaciones por presuntos fraudes de criptomonedas. Unas supuestas estafas que podrían haber generado un fraude de más de 1.500 millones de euros.
De las supuestas estafadas, Canarias es una de las comunidades con más denuncias de personas que las han sufrido. En este sentido, uno de los casos más conocidos desde que se destapó el supuesto fraude ha sido el de la empresa Arbistar en Tenerife. Otros casos de la misma índole han sido el de Javier Biosca y la empresa Algorithms Group.
Desde las asociaciones que buscan defender a las personas que se han visto envueltas en estas supuestas estafas indican que faltan recursos para investigar los casos de forma individual. Por eso recomiendan denunciar de forma conjunta. En cuanto a la legislación, indican que se han dado pequeños pasos, pero aseguran no los suficientes para una regulación efectiva. Para ello es fundamental que se creen juzgados especializados y personal formado en transacciones de criptoactivos.
Estafa de 120.000 euros a empresas de todo el país
El pasado mes de noviembre cayó una organización criminal que estafó 120.000 euros a empresas de todo el país. La operación comenzó en Güímar, en Tenerife, después de que una empresa denunciara haber sido víctima de una estafa bancaria a través de internet.
Gracias al análisis realizado durante la investigación, y a pesar de las numerosas identidades falsas y/o suplantadas utilizadas por los miembros de la organización para la apertura de cuentas bancarias o para la adquisición de tarjetas SIM de prepago, de las que posteriormente se deshacían para dificultar una posible investigación policial, los agentes de la Guardia Civil lograron identificar a varios miembros de la organización crimina. Se encontraban, en su gran mayoría, en diferentes localidades de Barcelona.
Durante la investigación se comprobó que gran parte de esos fondos estafados telemáticamente a diferentes empresas ubicadas en diferentes zonas del territorio nacional, eran destinados a la adquisición de criptomonedas. Con ellas adquirían bienes e invertían en otro tipo de criptoactivos, con la doble finalidad de blanquear el dinero estafado, incorporándolo al tránsito legal, a la vez que dificultaban aún más la labor policial.
