Investigan a 7 trabajadores del Ayuntamiento de Arrecife por «perdonar» multas por 600.000 euros

La Policía Local de Arrecife denunció la retirada irregular de multas que suman 575.000 euros, por lo que se está investigando a 7 trabajadores del ayuntamiento de la capital de Lanzarote

En Arrecife, la Fiscalía investiga a siete trabajadores del Ayuntamiento, de distintos departamentos, por presuntamente retirar de forma irregular alrededor de 600.000 euros en multas de tráfico. Los delitos serían el de prevaricación, malversación y falsedad documental. La investigación partió del actual alcalde, Yónathan de León, tras solicitar los registros en los sistemas informáticos de anulaciones de sanciones de tráfico sin los correspondientes expedientes de descargos. Esta anomalía podría haber estado produciéndose durante los últimos 10 años.

Ayuntamiento de Arrecife
Ayuntamiento de Arrecife

Intervención de Policía Local y Fiscalía

Tras ponerlo el alcalde en conocimiento de la Policía Local de Arrecife, esta detectó y denunció las irregularidades en la gestión de las multas de tráfico en la ciudad. Esto ha llevado a la Fiscalía a querellarse contra siete trabajadores del Ayuntamiento, a los que acusa de revocar ilegalmente sanciones que suman 575.000 euros.

Así lo corrobora un escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE, por el que se pone en conocimiento del Decanato de los Juzgados de la capital de Lanzarote los presuntos delitos cometidos para que se abran diligencias penales de investigación.

En un comunicado, el Ayuntamiento ya había explicado que el alcalde ordenó en otoño pasado una investigación interna. Esta dio pie a una auditoria y varios informes municipales que se enviaron a Fiscalía.

De León solicitó a la empresa responsable del sistema informático una auditoría técnica del sistema de gestión de multas.

Esa revisión puso de manifiesto «la existencia de numerosas actuaciones de anulación de expedientes sancionadores realizados en el sistema informático» y fue posible identificar a «los usuarios que habían ejecutado dichas actuaciones».

Delitos

El fiscal Fernando Rodríguez Navarro considera que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos al haber dejado de ingresar el Ayuntamiento 575.583 euros. Incluso habla de falsedad en documento público si las anotaciones en el sistema informático para justificar la anulación de los expedientes no responden a la realidad.

Los siete querellados por el fiscal son Á.B.C., A.G.D., I.B.Q., J.N.P., M.V.C.F., Y.L.G.V. y F.G.R.R., este último ya jubilado, que perteneció a la plantilla de la Policía Local.

El fiscal solicita varias diligencias de investigación, como la declaración de estas personas en calidad de investigados y la del alcalde de Arrecife, Yonathan de León, como testigo.

También pide al juez que interrogue a los funcionarios que elaboraron los informes administrativos y a los responsables de la auditoría del sistema informático.

Asimismo, demanda que se envíe el expediente administrativo completo remitido por el Ayuntamiento relativo a las irregularidades detectadas en la gestión de multas y que el Consistorio aporte una relación completa de los expedientes sancionadores anulados o cancelados donde aparezca la fecha, el usuario que hizo la cancelación, el motivo y el importe.

Hechos

El fiscal relata que el 9 de enero recibió escritos y documentación procedente de la asesoría jurídica del Ayuntamiento que daba cuenta de posibles irregularidades en la gestión de multas de tráfico tramitadas bajo el sistema CGI.

Según los informes municipales, hay hasta 2.279 multas sin expediente formal de resolución formal dictada por algún órgano competente.

Las anulaciones podrían haber sido realizadas, según el escrito de Fiscalía, por esos siete funcionarios contra los que se querella.

En numerosos casos, no hay soporte documental que justifique anular esas sanciones, ya que hace falta tramitar un procedimiento administrativo que incluya una resolución expresa dictada por la Alcaldía.

En muchos casos, según la Fiscalía, para anular la multa se utiliza la expresión «por orden directa del alcalde», por lo que De León deberá declarar como testigo «a fin de esclarecer esta circunstancia».

Noticias Relacionadas

Otras Noticias