La erupción de La Palma, que este viernes cumple dos meses, ha ocasionado entre 550 y 700 millones de euros de daños económicos, según ha informado el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres
Torres, tras intervenir de forma telemática en la Conferencia Anual de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) de la Unión Europea, ha dicho que para que La Palma pueda recibir los fondos de solidaridad de la Unión Europea son precisos daños por encima del 1% del PIB, unos 430 millones.
Por lo tanto, Canarias podrá acogerse a estos fondos, pues, según los estudios elaborados por el Gobierno de Canarias, los daños en La Palma están cuantificados entre 550 y 700 millones, cantidad que se sitúa por encima del 1% del PIB.
El presidente ha detallado que la mayor parte de su intervención la ha dedicado a reclamar que los fondos europeos de solidaridad para la isla de La Palma «sean los máximos posibles».
Ha precisado que Canarias no tiene por qué recibir de la Unión Europea 500 millones de euros, que es la cantidad global de estos fondos a repartir según «las tragedias» que tengan lugar en territorio de la Unión Europea.
El presidente ha avanzado que el Gobierno presentará su propuesta para tratar de que La Palma reciba «el máximo posible» de esta subvención europea para reconstruir la isla.
Respaldo «unánime» de la RUP
Torres ha asegurado que ha recibido un respaldo «unánime» del resto de las RUP. Además, ha detallado que hay un plazo de doce semanas para presentar la solicitud de ayuda una vez comienza la catástrofe.
Ha avanzado que mañana viajará a La Palma con el presidente de España, Pedro Sánchez, a quien le trasladará esta cuantía de daños económicos.
Sobre el decreto de ley que elabora el Gobierno de Canarias para recalificar el suelo afectado por el volcán, ha señalado que se trabaja en ello con el Cabildo de La Palma y el Estado.
Mientras tanto, ha destacado, el Ejecutivo canario trata de dar una respuesta habitacional urgente a las personas que han perdido su casa bajo la lava.
La última fase y la definitiva será cuando los afectados puedan vivir cerca de donde lo hacían para mantener el arraigo, lo que se recogerá en el decreto en el que trabaja el Gobierno para lograr el mayor consenso «con toda la seguridad jurídica».
Según el presidente canario, antes del decreto definitivo puede haber otro que se apruebe de forma provisional si es urgente para avanzar en la reconstrucción del Valle de Aridane.
«No vamos a construir un poblado de la noche a la mañana», ha aseverado Torres, quien considera que pensar en eso es de ilusos.
Además, ha recordado que los afectados permanecerán tres años en viviendas provisionales pagadas por el Gobierno de Canarias, que se hará cargo del alquiler.
Durante este tiempo se trabajará en la reconstrucción definitiva, ha agregado.
El Gobierno aprobará nuevas ayudas
El jeje del ejecutivo ha adelantado que hoy el Consejo de Gobierno aprobará nuevas ayudas dirigidas a los afectados de La Palma, como las relacionadas con la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y la pensión no contributiva.
En la Conferencia Anual de las Regiones Ultraperiféricas el presidente Torres también ha hablado de la necesidad de dar respuesta a los 2.500 menores inmigrantes no acompañados que hay en las islas, para lo que es necesario actualizar la estrategia de las RUP.
Torres ha hecho énfasis en la fragilidad económica de las RUP ante la pandemia y también ha mostrado su preocupación por los plazos para ejecutar los fondos europeos Next Generation y ha reclamado flexibilidad en este sentido.
El presidente canario ha aprovechado también para lograr el apoyo del resto de las RUP para que Canarias acoja la Agencia Europea del Turismo y ha propuesto que se cree un órgano para fomentar la cultura y las artes creativas en las RUP
