El buque “Aldan” fue detectado por un satélite de la Agencia Europea de Seguridad Marítima realizando una descarga ilícita a unas 150 millas náuticas al noroeste de la isla de La Palma
La Dirección General de la Marina Mercante (DGMM), del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), ha culminado el expediente sancionador abierto en 2021 contra el buque “Aldan”, de bandera de Liberia.
El barco fue detectado “in fraganti” realizando una descarga de hidrocarburos a unas 150 millas de La Palma. Se captó gracias al satélite de la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA).
La resolución confirma una sanción de 550.000 euros. Se trata de la sanción más elevada que se ha impuesto desde el año 2007, fecha en la que empezaron a operar las aeronaves de ala fija que utiliza Salvamento Marítimo, entidad a la que la DGMM tiene encomendada la prevención y lucha contra la contaminación.
Los propietarios del buque han reconocido la sanción. Además han renunciado a cualquier acción en vía administrativa contra la misma.
Antecedentes
Los hechos ocurrieron el día 10 de junio de 2021. Un satélite de la EMSA detectó “in fraganti” la descarga de hidrocarburo conectado a la popa del buque, que llegó a extenderse por una superficie de 54,971 kilómetros cuadrados.
Las imágenes y el resto de las pruebas tomadas por una aeronave de Salvamento Marítimo confirmaron la descarga ilícita en espacios marítimos españoles.
Unos días después -13 de junio- cuando el buque navegaba al sur de Cabo de Gata, la Capitanía Marítima de Almería obligó al “Aldan” a atracar en el puerto de Almería y acordó su retención. Se le impuso una garantía de 600.000 euros para que el buque pudiera continuar su travesía y otra garantía de 30.000 euros para hacer frente a los gastos de la aeronave de Salvamento Marítimo en sus labores de observación y control de la mancha.
El día 21 de junio se abrió expediente sancionador, que quedó suspendido entre el 9 de agosto de 2021 y el 24 de mayo del 2022 por la investigación abierta por la Unidad de Medio Ambiente de Urbanismo de la Fiscalía General del Estado por posible delito. Finalmente, la Fiscalía archivó las diligencias, pero el procedimiento administrativo ha seguido su curso en la DGMM hasta culminar con la sanción ya citada de 550.000 euros, más los 30.000 indicados.
