La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2023, Ione Belarra, ha enviado estas propuestas a los ministerios para ser incluidas en el Plan de Respuesta sobre el Impacto de la Guerra que el Gobierno va a prorrogar
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2023, Ione Belarra, ha propuesto al Gobierno reducir el precio del abono de transporte público a 10 euros, aumentar un 15% las pensiones no contributivas de forma inmediata y prohibir los cortes de suministros a las familias vulnerables.
Según fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, estas son las propuestas normativas que ha enviado este mismo lunes a los ministerios competentes y al de la Presidencia. Para que se incluyan dentro del Plan de Respuesta sobre el Impacto de la Guerra, que el Gobierno va a prorrogar.
Además de las medidas que ya están en marcha, Belarra ha incluido estas tres propuestas adicionales para proteger a las familias ante la fuerte escalada de los precios. Ha pedido que tanto la prórroga del Plan como las nuevas medidas se extiendan hasta final de año.
En concreto, la también secretaria general de Podemos solicita que se reduzcan hasta los 10 euros todas las modalidades de abono de transporte público, tanto urbano como interurbano. También, que se aumenten un 15% las pensiones no contributivas con carácter inmediato.
En cuanto a esta última, pretende que dicho incremento se incorpore de forma acumulada a la nómina del mes de julio de 202. Con el objetivo de que las pensiones más bajas puedan hacer frente al aumento de los precios.
Modificación del bono social
Igualmente ha pedido que se apruebe de forma urgente una modificación del Bono Social. Con el objetivo de ampliar su extensión a dos millones de familias. También que se agilice su acceso mediante la automatización de los trámites y el intercambio de información entre las administraciones.
Junto a ello, exige que se prohíba el corte de suministro de energía eléctrica, gas natural y agua en la vivienda habitual de las familias vulnerables cuando el impago se deba a motivos ajenos a la voluntad de sus titulares. Como la pobreza sobrevenida o el agravamiento de la situación social o económica.
Para ello, propone poner en marcha un protocolo obligado de comunicación. Un protocolo por el que la empresa suministradora deba comunicar su intención de cortar el suministro previamente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Para que se haga una comprobación de renta y pida un informe a los servicios sociales.
Además de estas tres medidas, pide que se prorroguen las medidas contempladas en el decreto el 29 de marzo hasta el 31 de diciembre, entre ellas el descuento de los carburantes, el aumento de un 15% en la cuantía del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o el límite de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda al 2%.
