El Gobierno de Canarias ha acordado en el Consejo de esta semana que los 7,3 millones para el transporte público se dividirá en tres anualidades
El Gobierno de Canarias y el de España «mantienen discrepancias» tras la transferencia de la gestión de costas respecto a la continuidad de los expedientes en curso, que en opinión del Ejecutivo autonómico deberían ser gestionados por quien tiene ahora la competencia, por lo que no descarta acudir al Tribunal Constitucional para solucionarlo.
Así se ha pronunciado el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera (PSOE), en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en donde ha dicho que espera que no sea necesario llegar hasta ese punto, a la par que ha señalado que los servicios jurídicos de la comunidad autónoma emitirán próximamente un informe facultativo al respecto, en base al cual actuarán.
Los expedientes que generan estas desavenencias son los referidos a varios hoteles, ha dicho, y ha insistido en que si desde el 1 de enero Canarias tiene la competencia, esos trámites deben continuarse por parte de la comunidad autónoma.
«Si los informes de los servicios jurídicos nos dan la razón plantearemos un conflicto de competencias con el Estado. Vamos a defender cualquier cuestión que pueda suponer un menoscabo a nuestra competencia en esta materia y llegaremos a donde tengamos que llegar», ha subrayado Olivera.
En cualquier caso, el portavoz del Gobierno ha hecho una valoración positiva de este primer mes con las competencias transferidas y ha asegurado que «se están logrando avances relevantes».
Luz verde a la materialización de RIC para tres plantas de renovables
El Consejo de Gobierno ha declarado este jueves la idoneidad de la emisión de préstamos apta para materializar RIC (Reserva de Inversiones Canaria) para la construcción y explotación de tres plantas de energías renovables, fotovoltaica y eólica, dos en Gran Canaria y una en Fuerteventura.
El Ejecutivo, que declara la idoneidad mediante decreto, da luz verde de esta manera a una inversión próxima a los 12 millones de euros por parte de la entidad Ecoener Inversiones Naif Sicav PLC.
La Ley económica del REF prevé que las dotaciones de la RIC se puedan materializar en la suscripción de cualquier instrumento financiero emitido por entidades financieras siempre que los fondos captados sean destinados a la financiación en Canarias de proyectos privados.
En todo caso, será preciso que las emisiones estén supervisadas por el Gobierno de Canarias a efectos de declarar su idoneidad, y cuenten con un informe vinculante de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, detalla el ejecutivo regional en un comunicado.
Conceden 7,9 millones para colegios de abogados por el turno de oficio
Por otro lado, el Consejo de Gobierno concedió en el segundo semestre de 2022 7.930.239,88 euros a los colegios de Abogacía y Procuraduría de las islas, por la prestación de asistencia jurídica gratuita y turno de oficio.
El Gobierno ha informado hoy de que en algunos casos se trata de actuaciones llevadas a cabo en el primer trimestre de 2022, como ha sucedido con el Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma, al que se le han entregado 200.479,49 euros, o en el segundo trimestre de 2022, como ha ocurrido con el Colegio de Procuradores de Santa Cruz de Tenerife, que ha recibido, por este concepto, 314.619 euros.
El Colegio de Abogados de Lanzarote ha recibido por este servicio 307.391,01 euros; el Colegio de Procuradores de Las Palmas, 298.758 euros; el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, 1.941.531,29 euros; y el Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma, 212.348,09 euros.
Otras de las partidas concedidas se refieren a actuaciones en el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita del tercer trimestre de 2022.
Así, al Colegio de Abogados de Las Palmas se le han otorgado 1.941.531,29 euros; al de Santa Cruz de Tenerife, 1.656.333,79 euros; al Colegio de Abogados de Lanzarote, 374.630,26 euros; y al Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma, 185.598,16 euros. Por el mismo concepto, al Colegio de Procuradores de Las Palmas se le han entregado 242.658 euros; y al de Santa Cruz de Tenerife, 230.010 euros.
Las subvenciones concedidas también incluyen los gastos de funcionamiento e infraestructuras derivados de la asistencia jurídica gratuita. Por tal motivo y correspondientes al año 2022, al Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma se le han concedido 82.424,06 euros.
A su vez, el Gobierno también informó de la subvención de 80.000 euros concedida de forma directa por su departamento, durante el cuarto trimestre de 2022, al Consejo Canario de Colegios de Procuradores, por los gastos en el mantenimiento del servicio de recepción de notificaciones y traslado de escritos en 2022.
El Gobierno canario asume las evaluaciones ambientales del municipio de Tías
El Ejecutivo autonómico ha aceptado asumir las competencias que le delega Ayuntamiento de Tías (Lanzarote) para la evaluación ambiental de los instrumentos de ordenación urbanística municipales, así como para la evaluación de impacto ambiental de proyectos que deba autorizar el Consistorio.
La Ley del Suelo de 2017 establece que la aprobación, modificación sustancial y adaptación de los instrumentos de ordenación territorial, ambiental y urbanística se someterán al procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas, recuerda el Ejecutivo en un comunicado.
El decreto ley 15/2020 de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias dio nueva redacción a la Ley del Suelo, habilitando la posibilidad de que los ayuntamientos deleguen su competencia para la evaluación ambiental de instrumentos o proyectos en la comunidad autónoma.
En este caso, el Ayuntamiento de Tías delega la competencia para la evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de ordenación urbanística municipales, así como de la competencia de evaluación de impacto ambiental de proyectos que deba tramitar y autorizar la Administración local.
La delegación aceptada recae sobre la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental, un órgano colegiado de la Consejería de Transición Ecológica.
El Gobierno aprueba una partida de 7,3 millones para el transporte escolar
El Consejo de Gobierno ha autorizado este miércoles un incremento de 7,3 millones de euros destinados a hacer frente a la revisión de precios con arreglo al IPC de 47 contratos de servicio público de transporte escolar del alumnado de centros públicos no universitarios de las islas.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, había anunciado la aprobación de esta partida de 7 millones de euros en una reunión que mantuvo con la consejera regional de Educación, Manuela Armas, y con el presidente de la Federación de Empresarios de Transportes de Canarias (FET), Agustín Espino.
En Canarias, en el presente curso escolar existen 1.486 rutas de transporte, lo que supone una inversión anual de más de 50 millones de euros para el Ejecutivo canario, ha informado el Gobierno en un comunicado.
Este aumento se suma a la modificación del gasto autorizado en julio del año pasado por importe de 48,5 millones de euros para financiar de 2022 a 2025 la prórroga de los contratos.
El gasto de los 7,3 millones acordado en esta ocasión se dividirá en tres anualidades: la de este año asciende a 3,4 millones de euros, la de 2024 alcanza los 2,4 millones, y la de 2025 se sitúa por encima de los 1,4 millones de euros.
El transporte escolar es gratuito para el alumnado de centros dependientes de la Consejería de Educación que disfruten de ese servicio, sean o no preferentes.
Se considera estudiantado preferente al matriculado en cursos de Primaria y en 1º y 2º de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) que vivan en el área de influencia del centro que les corresponde y tengan que recorrer una distancia superior a dos kilómetros para acudir a él.
Esta distancia se incrementa hasta los cinco kilómetros para dar derecho a los alumnos y alumnas de 3º y 4º que no dispongan de una oferta más cercana.
También acceden de forma automática al transporte escolar el alumnado con necesidades especiales, escolarizados en centros de Educación Especial, en aulas enclave o en centros ordinarios de las islas.
43 instalaciones tienen riesgo de accidente grave por sustancias peligrosas
Un total de 43 instalaciones en Canarias presentan un riesgo de sufrir accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
Así figura en el anexo II del Plan Especial de Emergencia Exterior actualizado mediante un decreto aprobado este jueves por el Consejo de Gobierno de Canarias.
El objetivo de este decreto, que cuenta con el informe favorable de la Comisión de Protección Civil y Atención de Emergencias, reunida el pasado 11 de enero, es actualizar y completar aquellos datos de los establecimientos afectados por el Decreto 73/2021, de 8 de julio, por el que se aprobó el Plan Especial de Emergencia Exterior por riesgos de accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
En el mismo se hacen constar también los datos de aquellos que han dejado de estar afectados por dicha normativa, en concreto diez.
En trámite nuevo PMM de El Veril que haría posible Siam Park tras nulidad
El Consejo de Gobierno ha acordado este miércoles asumir la redacción y tramitación del segundo Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de El Veril (San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria), que busca dar viabilidad al Siam Park tras la sentencia del TSJC, ratificada por el Supremo, que declaró nulo el plan urbanístico.
Esta iniciativa, elevada por la Consejería de Transición Ecológica y Planificación Territorial a instancias del citado Ayuntamiento, «tiene por objeto responder a la necesidad de abordar acciones encaminadas a la rehabilitación de su espacio urbano-turístico.
«El próximo paso es el proceso y periodo de exposición pública. A partir de ahí esperemos que todo cuanto antes. El Siam Park es un elemento de importancia turística para Gran Canaria», ha señalado el portavoz del Ejecutivo canario, Antonio Olivera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Con el PMM, ha abundado el Gobierno, se pretende repercutir en una mejor imagen turística al potenciar la creación de nuevos negocios, empleo y la atracción de capital para invertir y reactivar este enclave.
«También se pretende mejorar la articulación del sistema viario, promover un turismo de calidad con un nivel de sostenibilidad alta y recuperar espacios infrautilizados», añade.
En el ámbito ambiental, se persigue «minimizar la incidencia de actuaciones propuestas en el medio ambiente, fomentar las actuaciones que conlleven ahorro o reducción de efectivos del consumo de agua, energía, residuos y demás contaminantes».
Para alcanzar los objetivos de este PMM, se proponen tres líneas de actuación relativas al desarrollo del área libre con equipamiento establecida por el Plan Insular de Gran Canaria, actuaciones en el espacio público y materialización de plazas turísticas derivadas de la ejecución del citado equipamiento estructurante.
Los Planes de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad Turística (PMMI) son instrumentos de ordenación urbanística que complementan y, en su caso, sustituyen a las determinaciones urbanísticas vigentes con objeto de viabilizar la renovación urbana y edificatoria.
