El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, deberá afrontar la crisis ferroviaria tras los accidentes de Adamuz y Urda, reorganizar la dirección de Adif y tratar de evitar una huelga general en el sector
Carlos Cuerpo ha asumido las funciones del Ministerio de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente, con la recuperación de la confianza en la red ferroviaria como principal desafío. Los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), que han dejado un balance conjunto de 115 fallecidos este año, han agravado la preocupación por la seguridad y el funcionamiento de la alta velocidad.
Con las elecciones generales del 29 de noviembre a la vuelta de la esquina, el vicepresidente primero dispone de un margen limitado para impulsar cambios y demostrar que las medidas anunciadas se traducen en mejoras reales.
Una de sus primeras tareas será reorganizar la cúpula de Adif después de la dimisión de su presidente, Pedro Luis Marco de la Peña, en un momento en el que se revisan los protocolos y las condiciones de circulación. También deberá gestionar el conflicto laboral que amenaza con paralizar el transporte ferroviario.
Huelga para el 17 de noviembre
El comité de empresa de Adif, integrado por CCOO, UGT, CGT, Sindicato Ferroviario y Sindicato de Circulación Ferroviaria, ha convocado una huelga para el 17 de noviembre, a la que se suma la convocatoria de los maquinistas de Semaf para los días 10 y 12. Cuerpo se ha reunido con este último sindicato para intentar frenar los paros, aunque todavía no han sido desconvocados.
El nuevo responsable de Transportes tendrá además que llevar a la práctica las medidas de seguridad anunciadas por Puente, entre ellas el refuerzo de la supervisión desde los centros de control, la mejora de las alertas informáticas y la formación del personal. Los sindicatos consideran insuficientes los compromisos actuales y reclaman un calendario concreto.
A ello se suma la recuperación del servicio de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, condicionada en uno de sus tramos por la autorización judicial tras el accidente de Urda, así como la negociación con las constructoras, que solicitan una revisión extraordinaria de los precios de los contratos por el encarecimiento de materiales y energía.
