El Gobierno central y los de Canarias y Castilla y León han acordado que esta última autonomía será la primera en gestionar, dentro de un programa piloto, la atención en la Península de menores extranjeros no acompañados llegados a las islas a finales del pasado año y que esperan una solución a su situación.
La Junta de Castilla y León ha explicado que el acuerdo se ha producido después de semanas de conversaciones entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y las consejerías competentes en esta materia de ambos ejecutivos autonómicos, que han pactado las «bases preliminares sobre el procedimiento que debe seguirse para garantizar el desplazamiento de los menores en las mejores condiciones».
El Gobierno castellanoleonés fue uno de los primeros en ofrecer sus recursos al canario para acoger en su territorio a al menos 25 adolescentes, y este ofrecimiento ha sido mantenido desde entonces en las reuniones celebradas con el Ministerio y el resto de autonomías, en las que la Junta ha defendido la necesidad de fijar unos criterios comunes para ordenar el proceso con garantías en el conjunto del territorio nacional.
Sobre las condiciones en las que se producirán estos traslados, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León ha considerado «imprescindible que los menores lleguen al destino con una PCR e informes de edad, valoración y de las intervenciones sociales realizadas con ellos», ya que con estas medidas se garantizaría la seguridad de todos los agentes que intervienen en el proceso y, en particular, de los propios menores, tanto en el momento del traslado como en el futuro.
No obstante, los criterios y requisitos para organizar estos traslados se concretarán en un protocolo de actuación entre los gobiernos de Castilla y León y Canarias, que se firmará previsiblemente a lo largo de este mes.
Por su parte, la Junta de Castilla y León ha comenzado a identificar los inmuebles que podrían acoger a estos menores y ha reservado presupuesto para afrontar los gastos derivados de su atención, a la espera de que el Ministerio cuantifique la financiación que va a aportar a esta comunidad y determine cuándo hará efectivo el traspaso de estos fondos.
Castilla y León atendió en el último año a 88 menores extranjeros no acompañados, a través de los recursos habilitados en cinco provincias (Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia y Valladolid), aunque al finalizar 2020, sólo 29 de ellos seguían en el territorio autonómico.
