La investigación policial ha permitido esclarecer 20 denuncias y contabilizar 28 víctimas desde 2024. El principal investigado, propietario de una inmobiliaria en Santa Cruz de Tenerife, ha ingresado en prisión por orden judicial
Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas por su presunta implicación en una trama de estafas inmobiliarias en Tenerife que habría defraudado un total de 114.900 euros a 28 personas. La investigación ha permitido esclarecer 20 denuncias relacionadas con la compraventa fraudulenta de inmuebles y terrenos, presentadas desde 2024 en distintas dependencias policiales de la isla.

Las pesquisas comenzaron tras detectar un incremento significativo de las denuncias contra una inmobiliaria ubicada en Santa Cruz de Tenerife. El principal investigado, propietario del negocio, habría utilizado la apariencia de legalidad de la empresa para ganarse la confianza de los compradores y ofrecerles propiedades tanto en su establecimiento como a través de su página web.
Contratos de compraventa para cobrar reservas y anticipos
El presunto responsable captaba a las víctimas mediante anuncios de inmuebles y terrenos en venta. Cuando alguna persona mostraba interés por una propiedad, formalizaba un contrato de compraventa y solicitaba una transferencia bancaria en concepto de reserva y contrato de arras.
Sin embargo, una vez que recibía el dinero, interrumpía toda comunicación con los compradores y trataba de ocultar los fondos mediante transferencias a terceras personas o a cuentas bancarias en el extranjero, con el objetivo de dificultar el rastreo de su procedencia.
La actividad habría causado importantes perjuicios económicos a los afectados. Algunos llegaron a perder gran parte de sus ahorros, lo que llevó a las víctimas a crear un foro de perjudicados para compartir información y mantener el contacto entre quienes descubrían que habían sufrido una estafa.
Tres detenidos y una cuarta persona investigada
La investigación policial permitió identificar a los presuntos responsables y reconstruir el alcance de la actividad delictiva. Los agentes determinaron que 28 personas figuran como perjudicadas en las 20 denuncias recopiladas.
Una vez reunidos los indicios necesarios, la Policía Nacional organizó un dispositivo para localizar a los cuatro individuos relacionados con la investigación. Uno de ellos era el propietario de la inmobiliaria y presunto autor principal, mientras que los otros tres habrían recibido transferencias del dinero obtenido de las víctimas.
El operativo concluyó con la detención de tres de los cuatro investigados, mientras que la cuarta persona continúa bajo investigación.
Los detenidos pasaron a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado el ingreso en prisión del principal investigado.


